Citan a seis aviadores por crisis de los vuelos civiles

Judiciales

La causa por las irregularidades en el control de vuelos comerciales que exhibió el documental «Fuerza Aérea S.A.» ya tiene responsables en la mira: ayer el fiscal Carlos Rívolo pidió al juez federal Norberto Oyarbide la declaración indagatoria de 6 aviadores militares. Los imputados por el fiscal son: el comandante de Regiones Aéreas (CRA), brigadier Carlos Matiak; el director general de Tránsito Aéreo, comodoro Claudio Trisano; y el jefe del Grupo Operativo Región Aérea Centro, comodoro Mario Asrim. También incluyó en la lista al vicecomodoro Jorge Herrera, jefe de Tránsito Aéreo de Ezeiza; al mayor Osvaldo José Costa, jefe de División Centro de Control Aéreo y al teniente David Bastian, jefe de Control Terrestre. Como sucedió con el escándalo de las valijas con cocaína que partieron en un vuelo de SW y aterrizaron en Madrid, el caso de las presuntas irregularidades en el CRA aceleró cambios profundos en las funciones que la Fuerza Aérea tenía en el negocio aerocomercial. El affaire de las valijas terminó arrastrando toda la cúpula que encabezaba el brigadier general Carlos Rodhe, un héroe veterano de Malvinas, que pagó con su cargo el costo de desinteligencias internas. La crisis anterior motorizó el traspaso de la Policía Aeronáutica Nacional (PAN) a la órbita civil -la conduce Marcelo Saín- con una nueva denominación: Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Sin embargo, la medida no alcanzó para evitar que un ciudadano norteamericano saliera de Ezeiza en un vuelo comercial portando explosivos en su equipaje. ¿Pagará Schiafino con su puesto las nuevas irregularidades o la política cederá con el antecedente de SW? La ministra de Defensa se mantuvo al margen de la crisis, sólo demandó explicaciones a Schiafino y recibió al realizador del polémico film, como si no estuviera vigente la iniciativa que ya había promovido José Pampuro de separar a la Fuerza Aérea de la actividad aeronáutica civil.

La investigación de la Justicia federal sacó ventaja al sumario que había ordenado el titular de la Fuerza Aérea, para aclarar las irregularidades ocurridas en el Comando de Regiones Aéreas. El jefe de los aviadores había comunicado por radiograma Nro. 292 P 0111455, que este diario publicó en exclusiva, la designación del brigadier Eduardo Bianco, inspector general de la Fuerza Aérea, como oficial a cargo del sumario para determinar responsabilidades y eventuales sanciones. Cuando se produce un hecho como el que denunció el documental y la solicitada publicada por el cineasta Enrique Piñeyro los uniformados están obligados a investigar y sancionar según lo establece el Código de Justicia Militar. No es un doble juzgamiento, la Justicia civil se encargará del presunto delito -el fiscal no dudó en calificar como presuntamente «delictivas» las conductas de los jefes aeronáuticos- mientras que la sanción del código militar persigue el propósito de apartar rápidamente a quienes entorpecen la disciplina interna de la fuerza. En la denuncia formalizada ante el juez Oyarbide, Rívolo pide que a los aviadores militares se les impute la puesta en riesgo de la seguridad en aeronaves (estrago doloso) y el delito de peculado, previstos en los artículos 190 y 261 del Código Penal respectivamente.

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