Control correspondía a dos ministerios

Los controles -que sí existenno impidieron que estatismo y subsidios a la empresa SW para sostener 800 personas de la aérea LAFSA terminaran involucrando al gobierno en el peor delito de la época, el tráfico de drogas. Al mismo tiempo que la fiscal del caso, Gabriela Ruiz Morales, avanza en la investigación con la hipótesis de una organización dedicada al narcotráfico que infiltró la aerolínea de los Maggio, pondrá la lupa en la cadena de responsabilidades de funcionarios de primer nivel del gobierno nacional.

La política, presente desde el primer momento en el caso de las valijas voladoras --oposición y oficialismo lo tomaron como tema de campañaaportó un documento oficial revelador para la fiscal: tanto el Ministerio de Interior como el de Defensa tienen responsabilidad compartida específicamente en Ezeiza para reprimir el tráfico de drogas.

Hasta ahora, la condena presidencial apuntó a los aviadores militares y pasó facturas a anteriores administraciones del Ministerio de Defensa por el descontrol en Ezeiza. Los archivos oficiales, a veces, traen sorpresas amargas. La resolución ministerial (Ministerio de Defensa Nº 564, Conjunta Nº 38) -aún vigentefirmada por el entonces ministro de Interior, Federico Storani, y por el de Defensa, Ricardo López Murphy, durante la gestión de Fernando de la Rúa, no deja lugar a dudas: el ámbito del aeropuerto internacional Ministro Pistarini estaba bajo vigilancia permanente de un Grupo Especial de Operaciones Ezeiza, creado sólo con el objetivo de « prevención y represión del tráfico ilícito de drogas y otras sustancias prohibidas», según lo establece el artículo 1º de la resolución. En un giro terminante, Néstor Kirchner corrió el fiel de responsabilidades descabezando a la Fuerza Aérea (enrostrándole a la Policía Aeronáutica Militar el delito), y el jefe de la Aduana, Ricardo Echegaray, hizo lo propio separando del cargo al director de Drogas. Sin embargo, de acuerdo con la cadena de responsabilidades políticas que surgen de esta resolución de Defensa e Interior, faltaría descabezar a la Prefectura, a la Gendarmería, a la Policía Federal, a Migraciones e, incluso, a la Secretaría de Seguridad y al Ministerio de Defensa. En efecto, la resolución firmada en junio de 2000 estableció la creación del GEO Ezeiza para reprimir el tráfico ilícito de drogas y su integración por miembros de la Policía Aeronáutica Militar, la Policía Federal Argentina, la Prefectura Naval, la Gendarmería y la Dirección Nacional de Migraciones, todos sujetos a la gestión de un coordinador que nombró la Secretaría de Seguridad. La creación del GEO Ezeiza fue una señal concreta de López Murphy y de Storani a la resistida política que emana del Departamento de Defensa de los Estados Unidos: cerrar la entrada de cocaína al mercado norteamericano vía el combate al narcotráfico en la región por las Fuerzas Armadas nacionales.