La Corte anticipó para este miércoles su habitual acuerdo semanal de los jueves para comenzar a definir el polémico tema de la pesificación. Es casi jurídicamente inevitable que el alto tribunal falle en contra de la pesificación de los depósitos que impuso el gobierno de Duhalde, porque no se puede apartar del artículo 17 de la Constitución que consagra el derecho a la propiedad. Pero existen voces en la máxima instancia que tienden a atenuar los graves efectos que sobre la economía acarrearía una despesificación descontrolada. Por eso, varios jueces de la Corte analizan mantener la dolarización de los depósitos retenidos por el "corralito" financiero, pero no se obligará a los bancos a devolverlos de contado, sino a entregarles a los ahorristas un bono en dólares a largo plazo, como ya anticipó este diario. Como en la otra punta del problema se encuentran miles de deudores cuyas obligaciones han sido pesificadas (el total de deudas del sistema financiero a diciembre pasado rondaba los u$s 40.000 millones), también la Corte analiza mantener esta pesificación -como mínimo-para las hipotecas hasta u$s 100.000 y préstamos personales hasta u$s 15.000 y obligar al gobierno a compensar a las entidades del sistema a través de algún bono, por la diferencia entre los depósitos dolarizados y los créditos pesificados. Claro que ello provocará un multimillonario endeudamiento del Estado que afectará seriamente tanto al gobierno que asuma el año próximo como a las próximas generaciones que deberán afrontar el pago de esos bonos.
La Corte adelantó para este miércoles la definición, entre otras cuestiones de importancia -juicios a los militares y validez de la Asamblea Legislativa que designó al senador Eduardo Duhalde como presidente a término hasta completar el mandato trunco de Fernando de la Rúa-, del camino jurídico a seguir con la pesificación. El primer paso será completar la integración del cuerpo con la designación de los dos conjueces -sorteados entre los presidentes de las cámaras federales-que reemplazarán a Enrique Petracchi y Gustavo Bossert, quienes se excusaron por sostener que « tienen plazos fijos retenidos en el 'corralito' financiero». Estos magistrados deberán entender en los recursos llegados a esa instancia que piden mantener en dólares un plazo fijo en el Banco de Chubut y un depósito judicial por parte del gobierno de Río Negro. Este proceso comienza su definición ahora.
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Sin embargo, tan candente tema no será definido antes que se dilucide la interna de la Corte empañada por el duro y controvertido proceso político que se cerró con el archivo del juicio contra sus 9 miembros por parte de la Cámara de Diputados. La presión de estos últimos meses ha provocado fisuras y realineamientos que serán debatidos pasado mañana cuando los ministros judiciales se reúnan por primera vez después de la decisión de los diputados.
•Disparador
Es indudable que el juicio político repercutirá en las relaciones entre la Corte y los dos poderes restantes, ya que Eduardo Moliné O'Connor propondrá, antes de hacer sus valijas para viajar al exterior, que se replanteen las relaciones con los otros dos poderes. Algunos jueces no se han despintado la cara y quieren llevar la carga contra los diputados que los siguen atacando: Elisa Carrió, el radical Horacio Pernasetti y el peronista kircheriano Sergio Acevedo figuran como sus blancos móviles. Adolfo Vázquez hasta quiere plantear un enjuiciamiento a los diputados que le dieron la suma del poder público a Duhalde, expresamente vedado por la Constitución.
El disparador de las tensiones internas fue Bossert, un hombre de la democracia progresista de Santa Fe que llegó a la Corte como consecuencia del Pacto de Olivos y, en los últimos tiempos, tuvo línea directa con Raúl Alfonsín. Sin embargo, esa relación no evitó que otro radical en esas alturas y designado por el ex presidente como Augusto Belluscio dejara trascender entre sus pares cierta desconsideración para el rosarino, quien por ese origen político y trayectoria en el Fuero Civil hizo que ganara la adhesión de todo el arco opositor al menemismo en el que se mezclaron diputados del radicalismo, el ARI, el peronismo disidente y la izquierda en general.
•Disconformidad
Bossert prometió -puertas adentro-que finalizado el juicio podría dejar esas instancias y deslizó su disconformidad con sus pares, incluido el presidente del tribunal, Julio Nazareno. Por contrario, el riojano cosechó adhesiones impensadas dentro del cuerpo como la de Vázquez, quien no lo votó para la conducción del máximo tribunal porque entiende que esa sinecura debe ser renovada anualmente como sucede en otros distritos. « Pero eso no quiere decir que no reconozca su capacidad para conducir a la Corte», se sinceró Vázquez, quien no disimuló su irritación con Bossert. También Vázquez muestra cierta disconformidad con Enrique Petracchi por no haber firmado el caso Smith -se excusaron junto con Bossert por tener dinero retenido en el «corralito»-, pero no lo hace con la acidez que refleja con este último.
Otro que se ha ganado la ofuscación de varios de sus pares es Antonio Boggiano, a quien se le reprocha un excesivo individualismo y espíritu negociador con el gobierno. Se cree que el hombre del Opus Dei en la Corte se allanó ostensiblemente a los requerimientos de Roberto Lavagna y la Asociación de Bancos en los asuntos vinculados con la pesificación. Precisamente, el tratamiento de esta cuestión marcará una divisoria de aguas en las que pueden surgir nuevos realineamientos en una Corte que -hasta no hace poco-estaba dividida -con poca rigurosidad informativa-entre jueces menemistas y opositores: en realidad, al grupo tradicionalmente integrado por Nazareno, Vázquez, Boggiano, Guillermo López y Eduardo Moliné O'Connor, se le sumó Belluscio y, paralelamente, se alejó Boggiano.
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