Corte rara

Va en aumento la sorpresa del país moderado al conocerse detalles del pensamiento de la letrada y candidata a integrar la Corte Suprema, Carmen Argibay. Más allá de la habilidad publicitaria del gobierno para imponer -sobre todo usando prensa adicta- la creencia, para nada probada, de que «cuenta con más de 80% de opinión a favor en el país», la realidad es que las medidas de Néstor Kirchner cada vez alarman a más gente. Estamos en el caso ya bastante visible de un gobierno que asumió sin mostrar nunca sus intenciones e ideas, simple-mente por decisión de Eduardo Duhalde, que eliminó elecciones internas en el justicialismo y puso sus candidatos y aparato a favor de la proclamación de Kirchner, aunque en definitiva presidiera con sólo 22% de los votos desde un segundo puesto. Si se mide el total de los argentinos -tras una abstención electoral récord en los últimos 75 años-, sólo uno de cada 17 habitantes votó al presidente. Con este clima que le da la prensa obsecuente y figuras públicas beneficiadas, más el cerco político de elogios de quienes lo invocan desde minorías relegadas para encumbrarse, el gobierno se cree habilitado para cualquier imposición al conjunto ciudadano. La jueza Argibay Molina se ha proclamado ideologizada de izquierda, pro aborto -quizá porque nunca fue madre ni estuvo casada-, atea y «progre», con términos de antimenemismo, rebelde y «liera» (sic), ostentosa a nivel de pedir que «no me consideren diva» (sic). O sea, lejos de todo término de representar a la Argentina media. Por si faltara poco, fue compañera de cámara y se proclamó amiga, en una locuacidad nada elogiable, de Eugenio Zaffaroni (que ha pasado a ser casi un santo ingresando en la Corte ante esta letrada que asumirá en el más alto tribunal del país). Después de lo observado, nadie cree que sea serio -y menos decisivo-el voluntarismo sin obligación constitucional del gobierno de exponer ante la opinión pública para objeciones ciudadanas los antecedentes del candidato que el kirchnerismo propone para la Corte. Se ha comprobado que Kirchner nunca retrocede y lo considera un deshonor frente a una decisión tomada.

La nueva Corte Suprema del presidente Néstor Kirchner será, cuando menos, «rara». Tendrá dos solteros (Eugenio Zaffaroni y la nueva figura propuesta, Carmen Argibay). El Derecho de Familia, entonces, estará de 9 miembros casi exclusivamente en manos de Augusto Belluscio, que es un gran especialista, con el alivio para la sociedad argentina. Zaffaroni y Argibay, además, son «penalistas», cuando menos de 10% de casos que llegan a la Corte son precisamente de tipo penal. No sólo eso: ambos propuestos además de ser penalistas lo son de la misma línea, o sea «garantistas» (todas las garantías están siempre a favor del delincuente), algo enormemente preocupante en esta Argentina actual donde el mayor drama de 75% de su población adulta es la seguridad (el 25% restante privilegia el desempleo).

No es cuestión de poner en la Corte Suprema a un especialista por cada una de las 4 grandes especialidades del derecho más otras decisivas subespecialidades. No hay número de miembros suficiente, sobre todo si se considera lo ideal 5 miembros del cuerpo y no 9 como hoy tiene. Lo que se requiere es buen basamento jurídico general, amplitud de criterio y las demás exigencias obvias: inteligencia, nivel comprobado de racionalidad, experiencia jurídica, corrección de vida, decencia, imparcialidad total, etcétera.

Con la designación de Zaffaroni ya tambaleaban unos y cayeron otros de esos principios por tratarse de un evasor impositivo, defensor de la homosexualidad con embanderamientos más allá de lo que es lógico para una minoría social respetable, y autor de libros donde defendió para el último gobierno militar de facto el «derecho a la exterminación del adversario» y la limitación de homosexuales en las Fuerzas Armadas. Como contrariedades fue un caso único, para integrar el Tribunal Supremo de un país. Fue ilógica su designación.

Hay que dar a la jueza Carmen Argibay como segura futura integrante de la Corte Suprema porque quedó demostrado en la asunción de Zaffaroni que la «consulta a la población», que sin tener obligación constitucional el presidente Kirchner encaró, se encuadra en los llamados «camelos políticos». Nunca ningún abogado como Zaffaroni recibió tantas impugnaciones de la sociedad (y hasta de la Dirección Impositiva) y allí está sentado en el alto cuerpo.

La jueza Argibay, aunque inoportunamente «garantista» en la Argentina actual, se diferencia de Zaffaroni: nunca estuvo con el Proceso militar último, no se conoce que haya llevado su «garantismo» al extremo de apoyar que el violador de una niña de 9 años quede atemperado en su culpa sólo porque «apagó la luz» para la aberración. Tampoco hasta ahora se sabe que haya tenido otros traspiés, salvo inadecuadas declaraciones públicas.

No sólo está lo que dijo en los medios oficialistas, sino en la revista «Veintitrés» (obviamente, también marxista). Dijo que es atea (ni siquiera agnóstica) y abortista (y algo típico de los que ya nacieron, como diría aquel cómico-filósofo Juan Verdaguer). Fomentar el aborto en una mujer de 60 años, soltera y sin hijos también parece muy poco serio.

• Carencia

Argibay y Zaffaroni comparten una carencia que suele llevar alegremente a veces al garantismo hacia los delincuentes: en la vida siempre fueron responsables de sí mismos, no de una familia en algún instante o de un hijo. Es una carencia grande, muy grande, para representar la instancia última de una sociedad, aunque la izquierda criolla utópica se rasgue las vestiduras ante estos argumentos de tipo «familiero» de «las burguesías», como se las llama desde el marxismo.

En la Argentina centroizquierdista de estos días, un asesino común puede salir de una cárcel con permiso y robar o matar, como se da frecuentemente; un general como Bendini puede referirse mal a una colectividad tan importante como la judía en el país. En esos casos no pasa nada. Pero un general es automáticamente sancionado si, dentro de su función, pide a un juez federal que deje pasar las fiestas con su familia a militares sólo procesados -no sancionados- por la forma de reprimir la subversión de los años '70. Hay una impiadosa razón en todo esto y es lo mismo por lo cual el presidente Kirchner quiere una Corte Suprema con «mayoría automática progre» con las designaciones de Zaffaroni (como arrepentido) y de Argibay (que perdió la imparcialidad en 1976 al ser detenida durante 9 meses por el Proceso sin que ella «sepa por qué», según declara). Esa impiadosa razón es la llegada al poder político del país de hombres y asesores que arrastran el complejo de una actuación menguada, algo que es peor en otros, traiciones dentro de la subversión de los '70. Por esos complejos reivindicatorios el país es permanentemente llevado a mirar hacia atrás. Inclusive por lo mismo se ha tenido que «teñir de parcialidad política 'progre'» a la Corte Suprema y sobre todo para los intereses en juego. Con penalistas que justifiquen lo difícil de explicar: eliminar leyes que permitan juzgar hacia atrás. Algo aberrante.