Decide jueza proceso a Chabán, pero también les apunta a funcionarios

Aníbal Ibarra, Jorge Telerman (vicejefe porteño) y Santiago de Estrada (vicepresidente de la Legislatura) al comparecer el viernes ante los diputados porteños. En las próximas horas habrá pronunciamientos judiciales sobre la tragedia de Cromañón que alcanzarán también a algunos funcionarios.

La jueza María del Carmen Crotto se prepara para dictar esta semana el procesamiento del empresario Omar Chabán, como máximo presunto responsable de la muerte de 191 jóvenes en el local bailable República de Cromañón.

La investigación de la jueza no se agotará sólo en este paso procesal. Con los expedientes en su poder, Crotto evalúa imputar en la causa de la tragedia al grupo Callejeros y acusar al ex secretario de Seguridad Juan Carlos López y a la ex subsecretaria de Control Fabiana Fiszbin del delito de presunto incumplimiento de deberes de funcionario público. Esa imputación también podría alcanzar al jefe del Gobierno, Aníbal Ibarra, aunque el alcalde porteño será uno de los últimos de la larga lista de presuntos responsables que tienen en sus manos la jueza y el fiscal Juan Manuel Sansone.

El viernes 4 es la fecha límitepara que la jueza Crotto levante el «secreto de sumario» que impera en esta causa. Sin embargo, la magistrada estaría en condiciones de decidir antes sobre la suerte del empresario Chabán. A él le imputaría el delito de homicidio con dolo eventual (como lo pidió el fiscal Sansone). Esa calificación prevé penas de 8 a 25 años de cárcel y no es excarcelable, por lo que el gerenciador del boliche, que está detenido en el penal de Marcos Paz, quedaría preso hasta el juicio oral.

Las pruebas que ha logrado reunir la Justicia en este mes de investigación no son pocas. La mayoría apuntan a Chabán, en algunos casos complican al grupo de rock Callejeros y envuelven a los funcionarios porteños.

•Aunque el nombre de Chabán no aparece registrado en las sociedades que explotaban el boliche del barrio de Once, hay testimonios y pruebas que lo señalan como el presunto gerenciador del local y por lo tanto lo convierten en el garante de la seguridad que debió dar en la noche del 30 de diciembre.

Para el fiscal, Chabán sería responsable de las 191 muertes porque habría bloqueado las salidas de emergencia y habría revestido el techo con paneles acústicos y media sombra sabiendo que eran inflamables. Antes del inicio del recital de Callejeros, Chabán le pidió al público desde la cabina del sonidista que no se prendieran bengalas por temor a un incendio, con lo que quedó demostrado que conocía el riesgo.

•Sobre el grupo Callejeros, hay un principio de presunción de responsabilidad en la tragedia. La banda no ignoraría que la capacidad del boliche era de 1.031 personas y habría permitido el ingreso de 3.500. Se investiga si es real que por contrato se llevaba 70% de la recaudación.

Además, algunos testimonios la ubicarían como la encargada de brindar seguridad a sus seguidores y la responsable de realizar los cacheos y eventualmente de secuestrar la pirotecnia con la que se originó el incendio.

•Seguridad personal

Los abogados del grupo sostienen que la seguridad era de tipo personal para los integrantes de la banda y sus acompañantes y no para el local. La Justicia, por ahora, no comparte ese criterio. Por eso declaró la inhibición de bienes del grupo y les negó el carácter de querellantes al manager y al baterista de la banda.

Ambos perdieron familiares en la tragedia. En su resolución, la jueza consideró que aún no está definido el carácter procesal que eventualmente podrán adquirir los músicos. Es un indicio serio del rumbo que va a tomar la causa. Seguramente, la decisión será apelada ante la Cámara Criminal y Correccional. La sala y los jueces que intervengan serán importantes para conocer o, al menos especular, sobre el cariz que adquirirá el caso.

•Sobre el Gobierno porteño hay un cúmulo de elementos de pruebas que cargan culpas de la tragedia sobre Ibarra-López-Fiszbin. Los dos últimos son las más involucrados: tenían la responsabilidad de clausurar el local ante las falencias.

Crotto ya les apuntó al inhibirel lunes pasado los bienes de Ibarra, del ex secretario de Seguridad y de la ex jefa de inspecciones, como una medida cautelar en caso de que en el futuro tengan que responder por la tragedia.

La inhibición no es una circunstancia procesal aislada y sólo preventiva para responder a la indemnización civil. Significa que ha ingresado en la órbita de la jueza la sospecha de una posible responsabilidad penal (además de política) que pueda tener el jefe del Gobierno porteño.

Aún si Ibarra pretendiera empujar las responsabilidades hacia sus subordinados, en los tribunales se tienen en cuenta como prueba de cargo los informes de la Defensoría del Pueblo en el año 2003, otro en 2004, un pedido de informes de la Legislatura sobre el colapso del sistema de inspecciones de la Ciudad y un informe de la Auditoría producido 15 días antes de la tragedia que daba cuenta sobre graves fallas en un sector que estaba encargado de brindar seguridad a los ciudadanos.

«Tuvo las advertencias para actuar y no arbitró los medios. Al menos le alcanza el delito de incumplimiento de deberes de funcionario», anticipan en los tribunales.

En su informe ante la Legislatura, Ibarra aportó más elementos que resultarían condenatorios para los funcionarios de su gobierno y, quizás, hasta para él mismo: relató que el 18 de diciembre del año pasado --12 días antes de la tragedia-el grupo Callejeros realizó un recital para 9.500 personas en el club Excursionistas. En ese lugar había cuatro controladores (inspectores), 40 personas haciendo la seguridad privada y el cacheo, autobombas, bomberos, ambulancias, personal de la Cruz Roja, policías y fiscales contravencionales.

En Cromañón, el día en que se desató el incendio, no había nada de esto, pese a que 48 horas antes se produjo un incendio por bengalas y de que la certificación de Bomberos que permitían su funcionamiento como local bailable había vencido el 24 de noviembre.

Cuatro días antes de esa fecha los bomberos habían concurrido al lugar y no se les facilitó el ingreso.