Un nuevo round se vivió ayer en la pulseada judicial entre Carlos Menem y el controvertido juez federal Jorge Urso, quien rechazó un pedido de los abogados del ex presidente de que se inhiba en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Estos consideraban «cosa juzgada» en la parte atinente a Urso y además, porque existe otra investigación en curso a cargo del juez federal Juan José Galeano, quien acaba de excusarse, lo que obligó a otro de los abogados de Menem, César Arias, a apelar la inhibición de Galeano ante la Sala II de la Cámara Federal Penal.
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Por eso, también esta medida de Urso será apelada por el codefensor de Menem, Oscar Salvi, quien calificó a la decisión de este juez de «arbitraria y nula de nulidad absoluta, siguiendo con su línea de (presunto) desconocimiento del derecho». La respuesta de Urso está contenida en un escrito de 40 carillas en la que hace lugar al pedido del criticado fiscal Carlos Stornelli, como viene haciendo con todas sus decisiones a partir de comienzos de este año, cuando le dio un vuelco a la investigación después de haber marchado en cámara lenta durante la gestión de gobierno de Menem, a quien tiene preso en Don Torcuato bajo el endeble argumento de haber presidido una supuesta asociación ilícita formada desde el gabinete para delinquir.
Urso hace hincapié en todo lo argumentado por Stornelli de menospreciar el alcance de la investigación del juez riojano Miguel Angel Morales, que sobreseyó a Menem en 1998 por la acusación de dos abogados sobre presunto enriquecimiento ilícito y malversación de caudales públicos y de devaluar la decisión de su par federal, Jorge Ballestero que -en otra denuncia de Carlos Chacho Alvarez y otros diputados del Frepaso- adhirió al dictamen de Morales y declaró cosa juzgada que quedó confirmada al no apelar el fiscal Eduardo Raúl Taiano como en la causa riojana lo hizo la Cámara Federal de Córdoba.
Haciendo suyo el planteo de Stornelli, Urso sentenció a modo de resumen, lo siguiente: «1) no se verificó en la causa 41.289 del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional de La Rioja una investigación en orden al incremento patrimonial injustificado de Carlos Menem; 2) no existe identidad de hechos entre el objeto de la investigación en la causa 41.289 y el de la causa 8.029 de este juzgado, y 3) el sobreseimiento adoptado por el titular del Juzgado de Instrucción de La Rioja no podía -Stornelli considera que Morales no investigó el enriquecimiento ilícito- exceder los hechos que habían configurado el objeto procesal de las actuaciones. Estas apreciaciones, junto con la negación de que el pronunciamiento de Ballestero fuera de «cosa juzgada», habilitaron a Urso para rechazar el planteo de los abogados de Menem.
• Intimación
Esta decisión del juez federal porteño se tomó dos días después de que trascendiera desde el Consejo de la Magistratura que el presidente de la Comisión de Acusación, el radical Carlos Maestro, se presentó en sede penal para conminar al Colegio de Escribanos de la Capital Federal, a una escribanía porteña y al Banco de la Provincia de Buenos Aires que deben entregar sin más demora la información solicitada sobre la empresa offshore «Mobarex Investment Ltd.» de las Islas Vírgenes y de las tarjetas de crédito que la entidad bancaria bonaerense había otorgado al juez federal.
Sin embargo, fue el consejero Mario Gersenobitz -representante de los colegios de abogados de la provincia de Buenos Aires- se quejó duramente de las instituciones nombradas porque desconocieron las facultades del órgano creado por la Constitución para requerir documentación al punto que se analizó presentar una denuncia contra el Colegio de Escribanos y la escribanía en particular ante la Secretaría de Justicia que otorga los registros correspondientes. También hubo duras críticas contra el juez federal Claudio Bonadío -en cuyo juzgado Urso se autodenunció y evitó que se abra otra investigación penal en otro juzgado-, quien le negó a la comisión, agilizar el requerimiento ante las entidades nombradas, fundamentalmente el banco de Carlos Ruckau f.
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