27 de abril 2007 - 00:00

Devuelven agravios al gobierno

• Atacó Tinelli al jefe de Gabinete y lo comparó con López Rega.

• Otra que embistió contra Fernández fue funcionaria de Telerman: le dijo mentiroso y personaje nefasto del gobierno. Pidió renuncia.

• Un secretario de Lavagna, imputado por Fernández en el caso Greco, también le respondió duro y con promesa de juicio.

• Además participó Elisa Carrió: le atribuyó al jefe de Gabinete alimentarse en base a datos de la SIDE (quizá porque sabe que desde ese organismo provendrá otro ataque a Telerman).

• El objetado juez Alfredo Bisordi se despachó en el Consejo de la Magistratura y hasta se copió de algunos latiguillos que usa el Presidente. Sostuvo: "No le tengo miedo a Kirchner".

El juezAlfredoBisordidenuncióayer en elConsejo dela Magistraturaque elgobierno loquiereechar «paraquedar biencon losMontoneros».Recusó alos cincoconsejerosdel oficialismo,pero laimpugnaciónnoprosperará.
El juez Alfredo Bisordi denunció ayer en el Consejo de la Magistratura que el gobierno lo quiere echar «para quedar bien con los Montoneros ». Recusó a los cinco consejeros del oficialismo, pero la impugnación no prosperará.
El juez Alfredo Bisordi se ubicó entre la diputada Diana Conti y la administradora general del Poder Judicial, Cristina Akmentins. Con cuidadoso esmero dispuso un ayuda memoria cargado de frases duras y directas: acusó al Presidente de querer sacar a los jueces que no le son afines ni le ofrecen garantías en las causas de corrupción que se avecinan. Apuntando con su dedo a un cielo ficticio exclamó: «Yo no le tengo miedo a Kirchner».

Bisordi no tenía planeado acudir ayer al Consejo de la Magistratura pero al despertar se convenció (o lo convencieron) que era mejor presentar batalla contra quienes él denomina «enemigos políticos».

El magistrado utilizó un garaje del consejo de jueces que da a la calle Viamonte para evitar una ruidosa turba de empleados judiciales que se apostaron sobre la calle Libertad reclamando el pago de una deuda salarial y la incorporaciónde los meritorios a la planta estable del Poder Judicial.

No estaban los militantes radicalizados de HIJOS ni de Quebracho, que desactivaron el « escrache» cuando les llegó la información de que el cuestionado presidente de la Cámara de Casación desistiría de enfrentar las acusaciones de demorar expedientes que comprometen a militares en crímenes de lesa humanidad.

Paciente el camarista esperó media hora en un sala contigua al recinto de sesiones hasta que el presidente del Consejo Pablo Mosca, habilitó su ingreso.

En esa solitaria espera Bisordi festejó en la intimidad un pequeño fracaso de Carlos Kunkel, el único de los consejeros que ayer faltó a la audiencia.

Hasta última hora del miércoles el hiperkirchnerista procuró evitar que se le concediera a Bisordi la misma oportunidad de hablar que tuvieron los organismos de derechos humanos.

De muy mal modo y en tono enérgico Diana Conti propuso que esa solicitud fuese rechazada. El grueso de los consejeros siguió la sugerencia de la dama.

  • Enemigo del gobierno

    Bisordi se ubicó a la izquierda de Conti, quien paradójicamente se sentó en el lado contrario al bloque kirchnerista. Enfático el juez dijo: «Política o ideológicamente soy enemigo del gobierno. No hay otra razón para que se me acuse de mal desempeño», como lo hicieron 62 familiares de víctimas de la represión ilegal durante la última dictadura militar.

    La presión que puso a sus palabras aumentó la pigmentación de su rostro al borde de colocarlo en un tono casi púrpura: «Nunca me van a perdonar que haya perseguido penalmente a los Montoneros, muchos de los cuales hoy ocupan cargos en el gobierno».

    La consejera Conti, lo interrumpió: «Para hablar de política, que se vaya a otro lado».

    El juez ignoró el comentario y aseguró que ésa es la «real causa» de la acusación que pesa sobre los cuatro miembros de la Cámara de Casación y no el supuesto atraso en las causas contra militares.

    «Los organismos de derechos humanos siempre estuvieron contra mí, desde que me iban a designar juez en 1992. No soy un juez nombrado por un gobierno de facto. Hace 15 años que soy juez y sólo tuve dos denuncias por el caso de los skinheads, y fueron rechazadas», dijo Bisordi ante el Consejo de la Magistratura.

    Una y otra vez, el camarista señaló que el proceso que se le inicia tiene fundamento sólo en que es considerado un «enemigo político o ideológico del gobierno» y se quejó porque quieren echarlo por «la ventana de los tribunales despuésde 40 años de servicio». «Pretenden denunciarme por un hecho que es descabellado y falso. Es descabellado porque estoy excusado y he sido recusado en todas las causas que se mencionan como demoradas. Por eso, no estoy en aptitud ni de adelantar ni de retrasar las causas. Las demoras, si existieren y fueron imputables, no son imputables a mí», manifestó.

    En ese sentido, el magistrado recordó que le quedan 9 meses para jubilarse, por lo que le sugirió al oficialismo: «Quédense tranquilos, no los voy a molestar porque no puedo intervenir en las causas que les interesan».

    Ya en el comienzo de su alegato el juez había manifestado una intencionalidad del gobierno para expulsarlo del Poder Judicial.

    Citó, entonces, al juez en lo Penal y Económico Javier López Biscayart, que investiga el pago de coimas efectuado por la empresa sueca para la construcción del gasoducto del Norte y que fue denunciado por el gobierno.

    «El caso de López Biscayart es evidente. Quieren sacar a los jueces que no les ofrecen garantías», dijo, y se quejó de que «el derecho de defensa incluye el ser investigado, no ya juzgado, por funcionarios que tienen respecto de mí o del caso un mínimo de objetividad para su tratamiento».

    Tal como había adelantado por escrito, el camarista pidió la recusación de seis miembros del Consejo de la Magistratura porque -según dijo- no dan los requerimientos mínimos de objetividad y parcialidad necesarios para este proceso.

    La recusación, presentada para evitar que los representantes del kirchnerismo intervengan en el expediente en su contra, se basó en la percepción de que tienen «enemistad manifiesta» y « persecución ideológica» con él.

    Alcanzó a los consejeros Diana Conti, Carlos Kunkel, Nicolás Fernández, María Laura Leguizamón, Santiago Montagna y Marcela Losardo.
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