El lamentable caso Scilingo complica al gobierno nacional

Miguel Angel Pichetto

No se había involucrado el gobierno nacional en los avatares mediáticos del juicio a Adolfo Scilingo en España a pesar del esfuerzo del acusado en llevarlo al estrado mediante el recurso extremo de criticar la falta de asistencia del embajador argentino en Madrid, Carlos Bettini. Pero algo tendrá que decir Joaquín Pedro da Rocha, representante del Poder Ejecutivo y algunos legisladores del oficialismo ( Jorge Yoma y Miguel Angel Pichetto, senadores del PJ) que integran el Consejo de la Magistratura en la primera sesión del plenario luego del receso estival. El Consejo de la Magistratura está integrado por el presidente de la Corte Suprema, jueces, abogados, senadores, diputados, académicos y un representante del Poder Ejecutivo.

El Consejo convocó a debatir a todos sus miembros, en los primeros días de febrero, el Dictamen 27/04 de la Comisión Auxiliar Permanente de Reglamentación y Reforma Judicial sobre el procedimiento de las videoconferencias. Esta misma semana se iniciarán las declaraciones testimoniales desde la Argentina -por ese método-, para ser escuchadas en Madrid en la Audiencia Nacional que juzga al represor confeso Adolfo Scilingo. Y el dictamen en cuestión dice en el párrafo final que «no podrá utilizarse este sistema para la realización de declaraciones indagatorias o testimoniales, careos, reconocimiento en rueda de personas, notificaciones de auto de procesamiento, sentencia y disposición de libertad».

• Modificación

Si bien es un documento preliminar, será arduo buscar argumentos para modificar en 180° la posición ya resuelta. Y sobre todo habrá que ver cómo empareja el discurso el consejero Pedro da Rocha, delegado de Néstor Kirchner, quien ya estampó su firma en aquel dictamen fechado el 27 de octubre de 2004, junto a los consejeros Humberto Quiroga Lavie, Lino Palacio, Juan Gemignani y la jueza Victoria Pérez Tognola.

Scilingo modificó ayer radicalmente la actitud mantenida el pasado viernes, en el inicio del juicio en la Audiencia Nacional contra él por delitos de genocidio, terrorismo y torturas presuntamente cometidos entre 1976 y 1983 en la ESMA. Y se mostró dispuesto a declarar en Madrid, abandonando la patética simulación de debilidad por huelga de hambre para eludir el proceso. El acusado, siguiendo la estrategia de sumar masa crítica al gobierno, denunció -sin pruebas-que ha recibido amenazas de la Armada Argentina -mencionó al jefe naval, almirante Jorge Godoy-y solicitó al tribunal protección para su familia, repartida entre España y la Argentina.

No es nueva la actitud de involucrar a terceros para entorpecer el avance de la Justicia. Ya había intentado incorporar al gobierno nacional en el show del juicio, criticando la falta de apoyo del embajador argentino, Carlos Bettini, y hasta se animó a responsabilizar por su salud al rey Juan Carlos en una carta que le envió el 12 de diciembre de 2004 en la que anunciaba su presunta huelga de hambre. En una misiva anterior (15 de setiembre de 2004) mortificó al soberano: «... No debe olvidarse que mientras Su Majestad, designado como su sucesor por el dictador Francisco Franco, mediante amnistía y/o 'pactos de olvido' impidió de castigar a los responsables de miles de ejecuciones extrajudiciales, más de 50.000 desaparecidos, el robo de 12.000 niños recién nacidos de opositores al régimen y el uso sistemático de la tortura; la justicia de la democracia argentina condenó a los integrantes de las juntas militares y a partir de la sanción de la Ley 25.779, del 21 de agosto de 2003, se han reabierto los juicios archivados por la aplicación de la ahora insanamente nulas leyes de Punto Final y Obediencia Debida. El antiespañolismo que comienza a observarse en muchos países de América latina son la respuesta a claras actitudes imperialistas por parte del gobierno español y de muchos de sus súbditos que olvidan que sus colonias del Nuevo Continente hace mucho tiempo que se declararon independientes...»

Scilingo, que se comportó con bastante energía en contraste con su anterior aparición, negó haber participado en dos vuelos de la muerte en la primera quincena de junio y la primera de agosto de 1977 porque en esos días estaba enfermo o de vacaciones. El ex oficial naval había confesado en 1997 ante el inefable juez español Baltasar Garzón su participación en esos vuelos.