La Corte Suprema de Justicia accedió ayer a extraditara los ex dueños de América Televisión de Perú, José Enrique y José Francisco Crousillat, acusados de presuntamente recibir tres millones de dólares de parte del asesor presidencial Vladimiro Montesinos para apoyar la campaña de Alberto Fujimori.
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Los Crousillat están requeridos por la Justicia peruana como consecuencia de la difusión en 2001 de un video grabado por Montesinos en el Servicio de Inteligencia Nacional. Allí se los ve recibiendo varios millones de dólares, supuestamente, a cambio de poner la línea editorial y la cobertura periodística del canal al servicio de Fujimori y de la campaña para su reelección.
La Fiscalía en Perú pidió ocho años de cárcel para los ex ejecutivos del Canal 4, detenidos en Tucumán por pedido de la Justicia peruana. En ese país se los reclama para ser juzgados por delitos contra la administración pública. Además, afrontan cargos por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico, tráfico de influencias, peculado y asociación ilícita.
La Justicia Federal de Tucumán ya había dado luz verde a la extradición de los ejecutivos de televisión, pero por vía de las apelaciones el caso llegó a la Corte Suprema, que ahora ordenó el traslado de Crousillat López Torres y de su hijo a Perú.
La Corte concedió ayer la extradición por el delito de peculadoy sólo en el caso de José Francisco Crousillat Carreño admitió también la imputación por corrupción activa de funcionarios y asociación ilícita. Respecto de José Enrique Crousillat López Torres, el supremo tribunal consideró que la acusación por asociación ilícita ya había prescripto.
Fujimori, de 67 años, está detenido en Santiago de Chile desde el pasado 7 de noviembre, cuando llegó sorpresivamente de Japón, donde vivió refugiado durante cinco años luego de presentar su renuncia cuando se encontraba en un viaje en el exterior, en medio de un escándalo de corrupción.
Por su parte, Montesinos se encuentra recluido en una cárcel militar desde 2001 y pesan sobre él decenas de acusaciones, entre ellas violaciones a los derechos humanos, lavado de dinero y narcotráfico.
La decisión de la Corte Suprema fue celebrada por el gobierno peruano, ya que podría crear un precedente en el proceso de extradición que enfrenta en ese país el ex ministro de Economía Jorge Baca Campodónico.
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