Gerez: juez reclama a la Marina por un procesado

Judiciales

El cambio del lugar de detención de un marino acusado por violaciones a los derechos humanos en el ámbito de la ESMA generó una polémica entre el juez de la causa, la Armada y el Ministerio de Defensa. El 29 de diciembre pasado, tal como anticipó este diario, la ministra de Defensa, Nilda Garré, ordenó al titular de la Armada, almirante Jorge Godoy, el traslado del capitán de fragata retirado Miguel Donda -quien estaba encarcelado en Río Santiago- a un nuevo alojamiento: el Batallón de Seguridad de la Armada, en condiciones de encierro más rigurosas.

Ahora, Sergio Torres, el juez federal responsable de la megacausa de la ESMA y que tenía en custodia bajo prisión preventiva a Donda, intimó a las autoridades navales (va de suyo que llegará también a Defensa) para que le informen dónde y en qué condiciones está detenido el marino. Curiosamente, no pregunta por qué se lo trasladó.

El 17 de enero pasado remitió una nota dirigida al almirante Jorge Godoy que dice: «Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación a la causa Nº 14.217/03 caratulada 'ESMA sobre delito de acción pública'que tramita por ante este Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12, a mi cargo, Secretaría Nº 23 actualmente a cargo de la Dra. Eugenia Capuchetti, a efectos de que por su intermedio se informe a esta sede, a la mayor brevedad posible, acerca del lugar y las condiciones de detención en que se encuentra alojado en la actualidad Donda. Saludo a Ud. Muy atentamente. Sergio Gabriel Torres, juez federal».

El tema reviste gravedad pues el magistrado Torres, en quien descansa la potestad de velar por las garantías constitucionales de su detenido (que no haya un agravamiento de las limitaciones a la libertad individual sin su conocimiento) estaba ajeno a la modificación del lugar y régimen carcelario del marino. El titular del juzgado federal tiene razones para inquietarse, podría quedar expuesto a una denuncia ante el Consejo de la Magistratura pues el Código Procesal Penal es claro en esta materia: la prisión preventiva (y su modificación) opera sobre la base de decisión judicial dictada y asentada en el proceso. Más aún, en trámites anteriores Torres había confirmado el penal de Río Santiago como lugar de cumplimiento de prisión preventiva en estos términos: «En los lugares que actualmente se encuentran cumpliendo detención los imputados, se verifica la presencia del umbral de presupuestos por los que el firmante ( Torres) debe velar: la neutralización de los riesgos procesales y la garantía de protección hacia la integridad física de los mismos».

El tribunal tomó conocimiento del traslado por un escrito de la defensa fechado el 3 de enero y en el que se cuestionaban las nuevas condiciones de encierro. Godoy salió rápido a deslindar responsabilidades y comunicó por nota que el juzgado de Torres recibió el 4 de enero: «Informo que el día 30 de diciembre de 2006, el señor capitán de fragata (RE) Adolfo Miguel Donda, quien se encuentra detenido a disposición de V.S., fue alojado en el Batallón de Seguridad del Estado Mayor General de la Armada». La orden de Garré a Godoy de modificar el lugar de detención se había cumplido el 30 de diciembre, Donda fue trasladado en vehículos custodiados por infantes de marina fuertemente armados pertenecientes al batallón de seguridad. La medida resuelta por la ministra habría sido consecuencia del «efecto Gerez», ese afán del gobierno en armar conspiraciones entre represores militares y ex miembros de fuerzas de seguridad que amedrentarían testigos de juicios por derechos humanos en la provincia de Buenos Aires. El defensor de Donda, Lucio Somoza, no fue notificado de ninguna diligencia o llamamiento de los jueces que investigan la desaparición y reaparición del militante kirchnerista Luis Gerez.

Tampoco se presentó el Ministerio de Defensa en esos expedientes para denunciar lo que sabe acerca del represor.

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