Insiste el gobierno en la judicialización de Lavagna

Judiciales

A dos semanas del ballottage porteño, el Ministerio de Economía avanzó contra Roberto Lavagna al pedir en la Justicia que se amplíe una investigación contra los integrantes del equipo legal del ex ministro. La presentación fue formalizada ante el juez federal Ariel Lijo, quien investiga el caso Meller en la que se encuentran ya procesadas la ex interventora de ENTel María Julia Alsogaray.

La causa Meller es la que le costó el cargo al juez de la Corte Eduardo Moliné O'Connor y a Antonio Boggiano.

Fue porque en 2002, la llamada «mayoría automática» convalidó el pago que Alsogaray había ordenado para Meller, aunque luego quedó sin efecto por un decreto de Kirchner. El pago había sido ratificado por un tribunal arbitral.

El gobierno declaró «nula, de nulidad absoluta e insanable» la deuda reconocida por Alsogaray al Grupo Meller, al igual que «todos los actos preparatorios dictados en su consecuencia, por sufrir de iguales nulidades».

Entre estos actos se contaba el acuerdo celebrado por Meller durante la gestión de Lavagna -en la presidencia de Duhalde- por la que se reconoció una deuda de 399 millones de pesos en bonos de consolidación.

  • Presunta maniobra

    La denuncia se refiere a una supuesta maniobra «consentida e impulsada a través de los funcionarios dependientes del área legal de este ministerio» que respondió al «intento de consumar un grave perjuicio fiscal, pues a una deuda de por sí inexistente, se la intentaba multiplicar geométricamente mediante la utilización de mecanismos espurios y contrarios a la normativa vigente».

    Se destaca que ya la Oficina Anticorrupción había advertido a fines de 2002 al ministro Lavagna acerca del «sugerente ultrainterés de las autoridades por mantener la validez de las resoluciones de la interventora de ENTel, eludiendo la declaración de nulidad» y que se omitieron los recaudos destinados a «cuestionar, discutiry/o negociar la rendicióny liquidación final de cuentas de un contrato que a la postre le significaba un detrimento económico de notoria importancia a las rentas nacionales». Y que también la Auditoría interna había advertido que el acuerdo que motorizaba «no encontraba amparo en la normativa vigente» y que «la adopción de dicha decisión podría sentar un precedente de significativo impacto en el fisco».

    Se agrega en la denuncia que «esta matriz perjudicial para los intereses del Estado se repitió con algunas variantes en el llamado caso Greco, donde la mayoría de los funcionarios nombrados maniobró dentro del procedimiento administrativo y del judicial, aparentando ejercitar competencias que no tenían, y con desconsideración de la normativa vigente, persiguieron a través de estos medios la satisfacción de un interés distinto del público y claramente reprochable».

    Economía ratificó que «nada se debe al Grupo Meller» y solicitó también la posibilidad de presentarse como querellante.
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