Jorge Reynaldo Vanossi volvió ayer a ocuparse del Poder Judicial, convertido hoy en el centro de una polémica por las reformas que se impulsan desde los otros poderes del Estado y desde sectores políticos que convulsionan su vida interna. El ministro de Justicia reconoció que se está estudiando la posibilidad de aplicar el Impuesto a las Ganancias a los jueces que se nombren a futuro y ello erizó la epidermis de la magistratura que cree que la iniciativa podría chocar con planteos de inconstitucionalidad. Si bien para Vanossi esa imposición no se aplicará a los magistrados en ejercicio, se discute si no se estaría frente a una desigualdad impositiva aunque para el funcionario -experto en Derecho Constitucional- no se avasallan derechos adquiridos.
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• En estudio
De todos modos, para atenuar reacciones, Vanossi aclaró que esa presunta medida sólo se encuentra en estudio y apeló a la conciencia de los jueces para que se adapten al ajuste económico que soporta el resto de la sociedad y negó que -por ahora- se le vaya a descontar 13 por ciento como sí se hizo con los agentes de la administración pública central. Los recortes al Poder Judicial se aplicarán en un contexto general con otros poderes como la reforma que se pretende hacer en el sistema electoral. En este proyecto el ministro de Justicia trabaja en sociedad con su par de Interior, Rodolfo Gabrielli de quien depende la estructura y movilidad de cada acto electoral en coordinación con los jueces electorales de la Capital y provincias.
También la Corte auspicia algún tipo de recorte salarial pero quiere que sea equitativo al resto de los poderes ya que el Poder Legislativo no aplicó el descuento que fue avalado jurídicamente por el máximo tribunal. El sindicato de jueces rechazó cualquier alteración de los salarios de sus afiliados apelando a una cláusula constitucional que garantiza la intangibilidad de los sueldos de los jueces. En el Consejo de la Magistratura las opiniones tampoco han sido favorables a la disminución salarial.
Son varios los jueces que razonan en base al siguiente argumento: si se permite que se retoquen los sueldos de los jueces o se apliquen impuestos, se pone a éstos a merced del poder administrador que podría influenciar de esa manera sobre la autarquía e independencia que debería tener la magistratura. También para Vanossi la «cláusula constitucional es muy enfática y de alguna manera les da amparo». Pero el ministro pidió buscar alguna salida a un complicado problema e imitar a los jueces norteamericanos a quienes se les comenzó a aplicar el pago del Impuesto a las Ganancias paulatinamente desde 1930 hasta llegar a la actual situación de que lo honran todos los magistrados.
• Independencia
Con este análisis de Vanossi coincide el juez de la Corte, Adolfo Vázquez, quien ya en junio de 2000 se expidió favorablemente por el recorte salarial para los jueces, funcionarios y empleados de ese poder pero lo acotó a que no debe haber ningún tipo de excepciones y muchos menos « si ello significa algún tipo de persecución encubierta o acorralamiento de los jueces». Vázquez defiende que la cláusula constitucional está hecha para preservar la independencia del Poder Judicial y «no para que sea un privilegio de tipo personal para quienes lo integran».
De acuerdo con el criterio de Vanossi-Vázquez aplicar el pago del Impuesto a las Ganancias a los nuevos jueces significaría alrededor de 15 por ciento en lo inmediato -unos 100 sobre 900- en relación con el resto de los magistrados que se encuentran en funciones. Sobre el resto del personal «la intangibilidad es de hecho» porque al no ser aplicado el descuento o el pago de Impuesto a las Ganancias a los jueces se optó por no aplicarlo a funcionarios y a empleados para no irritar al sindicato judicial.
El ministro de Justicia tampoco evitó opinar sobre la Corte y pese a sus reservas de que el tema debe ser tratado en el estricto marco de la Constitución, confirmó que este mes realizará una reunión con organizaciones profesionales y defensores de los Derechos Humanos, uno de los sectores más críticos del actual máximo tribunal. El tema no es menor porque en el cuarto piso del Palacio de Justicia se los acusa a estos organismos de impulsar los cacerolazos para presionar sobre la Corte porque tiene que decidir recursos extraordinarios vinculados con los militares: a) planteos del ex presidente de facto Jorge Rafael Videla sobre cosa juzgada; b) inconstitucionalidad de leyes de Obediencia Debida y Punto Final y c) extradición de militares argentinos por parte de jueces extranjeros.
• Diferencias
Para hacer notar que se trata de otro poder del Estado la Corte comenzó a marcar diferencias con los recursos -más de 700- que le han llegado por el «corralito financiero» e hizo notar que no avalará las medidas más extremas implementadas por la Ley de Emergencia Económica que podría ser declarada inconstitucional. El instrumento podría ser proporcionado por un nuevo recurso de amparo que le llegó ayer: se trata de un reclamo que hizo Roberto Felipe Benoit, un jubilado de 60 años que sufre de «cardiopatía asmática», para que le devuelvan u$s 120.000 en un plazo fijo. El recurso podría tornarse un « leading case» para el resto de amparos similares a los que ya anticipó la Corte que liberará del « corralito» por tratarse de cuestiones de excepción y de extrema gravedad.
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