Jueces deciden si dan apoyo a pesificación

En una reunión clave, los jueces de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal podrían definir hoy desconocer el fallo pesificador de la Corte Suprema. En franca colisión con la decisión de los jueces supremos, el espíritu de los tribunales intermedios era avalar una postura a favor del reintegro de depósitos en dólares sin quitas. Anoche, se especulaba con un inminente fallo que ratificara la inconstitucionalidad de la pesificación. Esa resolución destrabaría la sentencia de unos 100 mil amparos más y, también, daría sustento a los jueces de primera instancia y a las cámaras del interior para seguir fallando como lo hacían hasta una semana antes de la acordada del alto tribunal. Se argumenta que el fallo de la Corte no es vinculante y que los tribunales inferiores no están obligados a acatarlo. Por lo tanto, están en condiciones de dictar sentencias que ordenen devolver los depósitos en moneda de origen.

Juan Carlos Maqueda

La rebelión de los jueces puede tener hoy una expresión contundente. De una reunión de los integrantes de las cinco salas de la Cámara en lo Contencioso Administrativo podría sobrevenir un «fallo único», que contradice la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar constitucional la pesificación de los depósitos en dólares.

La postura de los camaristas, a favor de reintegrar los depósitos en dólares vendrá a destrabar unos 100 mil recursos de amparos cuyas sentencias quedaron demoradas a espera de una definición de estos tribunales.

• Objeciones

Muchos de los jueces que irán al plenario objetan la decisión de la Corte en el caso Bustos y argumentan que «técnicamente no hay fallo de fondo», porque los jueces supremos con sus votos distintos «no llegaron a un acuerdo».

Los tribunales inferiores entrarán así en franca colisión con una Corte Suprema que los acusó de haber promovido un «festival de amparos» cuando decidieron darles la razón a los ahorristas. Para el alto tribunal, la decisión de los jueces de declarar ilegales todas las medidas adoptadas durante la emergencia económica provocó un «notable trastorno económico» que incluso puso en riesgo la regularización de los compromisos asumidos por la Nación frente a organismos internacionales de crédito.

Además, consideraron que el criterio de los jueces de primera instancia y, posteriormente, el de las cámaras derivó en un descomunal trastorno judicial «que dio ocasión a numerosos y conocidos casos de corrupción».

Con argumentos jurídicos de peso, los camaristas intentarán acordar un «criterio único» y lograr el compromiso de todos sus pares para que se obliguen a respetar la postura que saldrá de ese plenario.

«Vamos a tratar el tema e intentar un criterio uniforme, que brinde contención a los jueces de primera instancia y a todas las cámaras de interior», admitió un integrante del fuero Contencioso Administrativo Federal que acudirá al cónclave.

• Votación cuestionada

¿Qué es lo que cuestionan los camaristas? Simplemente, que en el fallo de la Corte sólo tres de sus miembros - Juan Carlos Maqueda, Antonio Boggiano y Augusto Belluscio- emitieron un voto que puede considerarse coincidente. Mientras que Elena Highton de Nolasco y Eugenio Zaffaroni tuvieron un pronunciamiento distinto, aunque se plegaron a la mayoría para suscribir el fallo pesificador.

Puede que también se deslice alguna crítica a la forma en que votaron algunos supremos como Boggiano, con un juicio político sobre sus espaldas, o el mismo Belluscio, beneficiado con la pesificación en el pago de dos créditos.

Los jueces díscolos dejarán asentado que no están obligados a fallar en igual sentido que la Corte Suprema. Varios de los participantes prometieron llevar la doctrina que respalda la tesis de que los jueces inferiores tienen el deber de dictar sentencias diferentes cuando se considere que las circunstancias de hecho difieran del caso resuelto.

Además, remarcarán que si la Corte Suprema puede cambiar su jurisprudencia, también lo pueden hacer los tribunales inferiores. Concluyen que de no ser así, los fallos Smith y San Luis hubieran sido obligatorios para todos los tribunales y para la propia Corte en casos análogos y no podría haber fallado como lo hizo en el caso Bustos.

Según la abogada y profesora de la Facultad de Derecho de la UBA Nydia Zingman de Domínguez, «no existe obligación de los tribunales inferiores ni de la propia Corte de acatar su jurisprudencia. Por lo tanto, los jueces que consideren inconstitucional el fallo Bustos tendrán el derecho y el deber de dictar sentencias que ordenen devolver en su moneda de origen y en su totalidad los fondos a los ahorristas».

Al parecer, ése sería el criterio que están dispuestos a seguir los camaristas y que harían extensivo al resto de los jueces que ya han expresado que «no hay coincidencia unánime en acatar el fallo de la Corte».

Si los camaristas se ponen de acuerdo y sale un fallo del tenor antes expresado, sería el primer desplante institucional serio que sufre la nueva Corte de la era Kirchner.