La Corte empieza hoy a discutir per saltum

La Corte decidirá hoy si concede el "per saltum" que pidió ayer Roberto Lavagna para avalar el "corralito" financiero. El ministro de Economía quiere que el máximo tribunal detenga los amparos judiciales (algo que tranquilizaría al sistema financiero), una pretensión que anoche amenazaba con no poder concretarse por la negativa de cuatro de los ocho ministros a avalar el pedido.

La Corte discutirá en el acuerdo de hoy si concede o rechaza el pedido de aplicar el per saltum -como pide Lavagna-para todas las causas judiciales que contemplen conceder recursos de amparo en favor de ahorristas que tienen dinero retenido por el «corralito» financiero. Sin embargo, anoche, en el máximo tribunal se analizaba que se trata de un hecho político del ministro de Economía, preocupado en mejorar sus «chances» en Washington. Las primeras objeciones escuchadas en Tribunales se basan en que el recurso no proviene de una instancia superior (cámara) ni tampoco es sentencia definitiva y, por lo tanto, tiene pocas posibilidades de prosperar. En caso de acceder, sería la primera vez que la Corte aplica un remedio jurídico extraordinario desde el juicio por la privatización de Aerolíneas Argentinas.

•Lavado

En Economía se sospecha de la existencia de blanqueo o lavado de dinero detrás de muchos amparos y, con ese argumento, se quiere presionar a los jueces para evitar que, por conceder un derecho, se permita la comisión de un delito.

Las preocupaciones de Lavagna se acrecentaron cuando se comprobó que 40 por ciento de los ahorristas, de 70 por ciento cuyos depósitos fueron liberados por las últimas decisiones de Economía, tenía recursos de amparo presentados, por lo que no aceptó la desprogramación ni pesificación ni el canje de depósitos por bonos. La estrategia de Economía apunta a resguardar la sangría de depósitos porque el recurso de per saltum -si es aceptado y resuelto a favor por la Corte-permitiría que se les confirme el amparo ya concedido a los ahorristas en primera y segunda instancia, pero no a retirar los fondos hasta que el juicio termine. La posición del ministro no es muy diferente de la de algunos jueces de la Corte que consideran prudente frenar los amparos.

•Fórmula mixta

Augusto Belluscio, Carlos Fayt y Antonio Boggiano lo plantearon sorpresivamente no hace más de dos semanas y hoy se retomará con el reintegro a los acuerdos de la Corte de Eduardo Moliné O'Connor, que se encontraba en el extranjero. Esta postura no pudo obtener mayoría por la excusación de Enrique Petracchi en tratar asuntos derivados del «corralito» financiero por ser dueño de un plazo fijo y la renuncia de Gustavo Bossert, que también se había excusado antes de su polémico alejamiento. Los otros cuatro jueces - Julio Nazareno, Guillermo López, Adolfo Vázquez y Moliné O'Connor-se habían pronunciado en contra de detener los amparos, aunque buscaban una fórmula mixta: devolver un porcentaje en efectivo y el resto en un bono dolarizado.

Salvo el per saltum por Aerolíneas por iniciativa de Petracchi, no existieron en la máxima instancia procedimientos de esa naturaleza. Los últimos intentos contemplados en los decretos y leyes de Fernando de la Rúa/Domingo Cavallo y Eduardo Duhalde fueron derogados por el mismo gobierno antes de que se pronuncie el máximo tribunal. Precisamente en el planteo que hace Lavagna para justificar su per saltum se destaca que la antijuricidad de los amparos deviene de dos causas fundamentales:

a) omisión en la aplicación de normas jurídicas vigentes, sin declarar su inconstitucionalidad;

b) no haber tomado en cuenta la situación de emergencia declarada por la Ley 25.561, «lo que supone desconocimiento de la realidad económica y la necesidad de preservar el orden público económico, seriamente afectado en perjuicio de toda la comunidad nacional».

•Ahorristas

Desde el sector de los ahorristas se respondió que la Corte no otorgará el per saltum. El actor Nito Artaza -convertido en el mejor «image-maker» de la Corte-minimizó la iniciativa de Lavagna. Su abogado, Fabián Bergenfeld, respondió que «el gobierno busca llegar primero a la sentencia, evitando la primera y segunda instancia judicial, pero considero que no tienen ningún fundamento ni éxito».