18 de diciembre 2003 - 00:00

La estrategia del juzgado

Una estrategia en tres niveles parece que asumirá el juez Rodolfo Canicoba Corral en su investigación por las coimas en el Senado luego de las revelaciones de Mario Pontaquarto. Todo indica que la primera fase de la pesquisa e interrogatorios desatados tras la primicia de la revista «TXT» habrá de involucrar a los responsables de la SIDE (empezando por Fernando De Santibañes) junto a los principales senadores acusados (Cantarero, Costanzo, Alasino, Genoud). Eventualmente, podrían convocar a otros legisladores mencionados en esta primera etapa. Para la segunda, casi un capítulo político: se citará para determinar responsabilidades a Fernando de la Rúa y a Alberto Flamarique. Mientras, para la etapa final, el juzgado avanzará para determinar si son culpables o no muchos otros legisladores que fueron rozados por otras denuncias (Bauzá, Ortega) o no aparecen tan precisados en los documentos aportados por el arrepentido Pontaquarto. No habrá vacaciones, Canicoba Corral trabajará en enero.

No habrá vacaciones en enero, al menos para el juez Rodolfo Canicoba Corral. Un cambio de hábitos para el magistrado por la presión pública sobre las denuncias en el Senado y, sobre todo, la más fuerte del gobierno sobre la Justicia. Ayer, para avalar este juicio, insólitamente y a los gritos, la mujer del Presidente reclamó en el Senado que «alguien tiene que ir preso» porque así lo demanda la sociedad, cuando ella -que es abogada- no ignora que el delito de cohecho es excarcelable. Por otra parte, ella tampoco fue ajena a una discusión en la propia Presidencia, donde el celoso consejero legal de Néstor Kirchner, Carlos Zanini, dijo que el cohecho era lo máximo que les podía caber a los culpables y que la asociación ilícita no correspondía. Por otra parte, se aventuró allí que no debía insistirse con esa figura que pone tras las rejas a los presidentes, como ocurrió con Carlos Menem.

• Hipótesis

Para enero y antes de que culmine el año, la hipótesis de trabajo del juzgado -en apariencia- podría pasar por tres niveles de investigación, sea en prioridad de convocatorias como en presuntas responsabilidades. El cauce de la investigación -sostenida por la propia incriminación de Mario Pontaquarto y el hecho de que se confirmaran ciertos detalles de sus revelaciones- podría avanzar, en principio, sobre un primer nivel, caracterizado por la ruta del dinero. O sea, origen y entrega. De esta forma, al primer convocado, el «pentito» Pontaquarto, seguirá respondiendo, y quien continuará en esa diligencia casi con seguridad sería el ex titular de la SIDE, Fernando de Santibañes, quien ya se presentó ante el juez y le pidió en un escrito que lo libere del secreto de Estado que pesa sobre los espías para declarar (cuestión que muchos no alcanzan a entender, pero que tal vez se relaciona con otros entuertos de la Secretaría que le servirían para la defensa). Otras dos personas allegadas a Santibañes, su secretaria Gladys y el contador del organismo, también pasarían inicialmente por el juzgado.

En esta etapa primaria también llamarían a otros involucrados en la denuncia, los políticos que el «pentito» declaró como más inmediatos a la ruta del dinero. Es decir, los senadores Emilio Cantarero, José Genoud, Remo Costanzo, Augusto Alasino, Alberto Tell, más tarde otros mencionados como Saguer, San Millán (un hombre de la confianza de los Kirchner), De la Rosa y Raijer. De este modo, la pesquisa judicial y sus interrogatorios recaerían en estos protagonistas y otros eventuales que podrían surgir por esas declaraciones.

Para una segunda etapa o nivel, se estima, el magistrado citaría a los complicados en términos políticos en las declaraciones de Pontaquarto. O sea, Fernando de la Rúa y Alberto Flamarique, incluyendo quizás -de acuerdo con confesiones previas- la búsqueda por saber quiénes eventualmente recibieron o no dinero, ya que al respecto también existe la sospecha de que pudo haber una «mejicaneada» entre las partes. Al menos, eso será parte de la investigación.

En el último capítulo (aunque la novela judicial se puede extender muchos más) o nivel, quienes convocan imaginan como obligado tocarles el timbre a figuras que han sido rozadas o sospechadas en las declaraciones de Pontaquarto, también a otras ya complicadas en la causa iniciada hace dos años. Es decir, a personajes como el gobernador José Luis Gioja (incluido en la acusación, pero sin monto), Ramón Ortega o Eduardo Bauzá, cuya imputación ha sido menos precisa o sólo recibieron cargos marginales en su momento.

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