Seguramente no es cierto, pero la versión judicial sobre las liberaciones (vía amparos) de fondos del "corralito", como se sabe, se han teñido de sospechosa venalidad. Al menos, en algunos casos. Quizá por los montos -en su mayoría altos, mientras se dormían los ahorros más pequeños- y, también, por la concentración de estos recuperos en determinadas provincias (Chaco, Córdoba, Capital, Santiago del Estero y Río Negro) o municipios. Y no en otros. Se habla inclusive de otra cuestión discutible: hubo amparos que se presentaron casi al mismo tiempo en Capital y en el interior, de modo que, si no prosperaban en cierto distrito, lo intentaban en otro. Y, para justificar la continuidad o el desistimiento, se apeló a excusas como el "domicilio en tránsito". Tal vez esto genere alguna controversia en los tribunales éticos que engloban a los abogados, ya que si bien no habría ilicitud, por lo menos se puede demandar una explicación. Si todo esto no alcanzara como elementos de suspicacia, hay una lista de casos y jueces que parecen más defensores de la propiedad privada que otros. Esto ha desatado una interna en el mundillo judicial, tanto en el fuero federal como en el provincial, ya que esa división de "criterios" ha generado peleas y distanciamientos entre los magistrados. Se alude a una combinación directa entre fuertes estudios de la Capital Federal con otros del interior, sin duda fruto de la importancia en los montos de los depósitos a reclamar y a la comisión por servicios que esto produce. Hasta se menciona el porcentaje a distribuir -en algunos casos- si el amparo lograba recuperar el dinero en dólares: 7% para el estudio porteño, 7% para el estudio provincial, mientras del restante 7% se desconoce o se imagina su destino. Pero lo concreto es que tres miembros del Consejo de la Magistratura -Diego May Zubiría, Eduardo Orio y Mario Gersenobitz- le han pedido al titular de la Corte Suprema, Julio Nazareno, que obtenga la lista de juzgados, estudios y montos de los amparos concedidos para realizar una investigación. Hoy, desde el mismo Consejo, se les reclamará una lista semejante a las entidades que nuclean a los bancos y que disponen de esa información. Dentro de este ambiente caldeado, muchos abogados envidian la capacidad de Ricardo Gil Lavedra, ex ministro de Raúl Alfonsín, cuyo estudio logró una de las mayores devoluciones del "corralito", superior a los u$s 6 millones. También le envidian que tramite en el Chaco alrededor de 50 pedidos de amparo.
Hoy el Consejo de la Magistratura iniciará una investigación sobre los jueces que, fuera de su jurisdicción o competencia, resolvieron favorablemente recursos de amparo presentados por ahorristas para el retiro de depósitos afectados por el «corralito» financiero. También lo hará con aquellos magistrados que fallaron a favor de amparistas cuyos depósitos superaron los $ 50.000 lejos de las razones de necesidad y urgencia de los ahorristas. La revelación fue formulada por el presidente de la Comisión de Selección, Eduardo Orio, quien anticipó que, además de la investigación por ese organismo encargado de vigilar la conducta de los magistrados, se hará la correspondiente denuncia penal.
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La denuncia de Orio será presentada ante la Comisión de Acusación que preside el diputado Jorge Casanovas, ex camarista de la Casación Penal y ex ministro de Justicia de Carlos Ruckauf en la gobernación bonaerense. También se le requerirá al presidente del Consejo y de la Corte, Julio Nazareno, que tome cartas en el asunto, exigiendo al Banco Central y a las entidades que nuclean a las entidades -ABA (Asociación de Bancos de la Argentina que agrupa a los extranjeros) y ABAPRA (Asociación de Bancos Públicos y Privados que enrola a los de capital nacional) que le remitan la base de datos donde figuran los juzgados, estudios de abogados y montos de los amparos resueltos favorablemente. El pedido lo firmaron, además, otros dos abogados del Consejo: Mario Gersenobitz y Diego May Zubiría.
Dentro de los investigados, Orio reveló el nombre del juez federal de Chaco, Rubén Skidelsky, cuyas resoluciones permitieron el reintegro de depósitos a ahorristas de la provincia de Santa Fe. También anticipó que ayer pidió una presunta lista de jueces, estudios jurídicos y montos de los amparos otorgados que elaboró el Central en base al informe de los bancos. En esa lista -en realidad sería una base de datos con los datos de los bancos-estarían comprometidos más de dos jueces en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal y otros magistrados de jurisdicciones provinciales como Santiago del Estero y Río Negro, fundamentalmente en las ciudades de Viedma -dos jueces habrían otorgado más de 300 amparos-y San Carlos Bariloche, donde las sospechas se reparten entre la jurisdicción provincial y la federal.
•Llamativo
Según el consejero, el 15 de abril pasado el juez chaqueño habría autorizado a un empresario de la ciudad santafesina de San Carlos a retirar más de 500.000 dólares que tenía depositados en una cuenta del Nuevo Banco de Santa Fe y que estaban retenidos por el «corralito» financiero. Orio dijo que «le resulta llamativo que la mayoría de los amparos de entre 20 y 40 mil pesos fueran rechazados pero sí se haya hecho lugar a otros para retirar del «corralito» depósitos de más de un millón de pesos. A esas conductas sí hay que investigarlas», concluyó el representante de los Colegios de Abogados del Interior ante el Consejo de la Magistratura.
La disposición favorable hacia los amparos en lo Contencioso Administrativo Federal disparó aun más la interna, que sordamente se venía desarrollando entre los jueces que compiten por un lugar en la silla vacía de la cámara de ese cuestionado fuero: Martín Silva Garretón, Marinelli y Osvaldo Guglielmino. Para colmo, este último se negó a entregar el dinero hasta que no haya sentencia firme. A ese sector también ingresó Emilia García, que se negó a dar un amparo por u$s 1.000.000.
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