La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Correccional y Criminal de la Capital Federal designó -por sorteo- a un nuevo juez que deberá continuar con la investigación penal por la concesión de la Autopista Arturo Umberto Illia que une la avenida Nueve de Julio con el Aeroparque y que complica a funcionarios nacionales que estuvieron en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entre ellos está el propio Fernando de la Rúa. De esa forma, el tribunal apartó de la causa al juez Nelson Jarazzo y posibilitó que, ahora, entienda en las actuaciones el juez de Instrucción Juan Esteban Cicciaro, de 45 años y de extrema experiencia judicial.
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Ahora, Cicciaro deberá decidir sobre los pedidos de indagatoria que le hizo el fiscal Alejandro Molina Pico, quien venía instruyendo la causa que complica a De la Rúa; a su secretario general de la Presidencia, Nicolás Gallo; al procurador general del Tesoro, Enrique Marcer, y al ex secretario de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Eduardo Delle Ville. Jarazzo -quien fue apartado de esta causa porque uno de los imputados es De la Rúa y está postulado para un cargo de camarista federal en La Plata que debe ser elegido por el propio presidente- sólo se había limitado a pedir medidas al fiscal como requerirle una declaración al ex asesor de Gallo en la Secretaría de Obras Públicas de la comuna, Florencio Noccetti Pueyrredón.
• Anulación
Jarazzo fue señalado ante el Consejo de la Magistratura por el ex diputado conservador Marcelo Gey, quien además pidió la anulación del contrato de concesión de la autopista y de las nuevas tarifas. Ese peaje se incrementó por parte de la empresa Covimet de $ 0,50 a $ 1. El pedido de Gey está dirigido a la defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, y al procurador del Tesoro del gobierno municipal, Juan Carlos López -cuñado del jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra- quien pidió informes al actual secretario de Obras Públicas, Abel Fatala.
El fiscal cuestiona, fundamentalmente, que la concesión de la autopista a la empresa Covimet fue otorgada mediante un decreto y no por una ley de la Legislatura; que no se establecieron con precisión las condiciones de la concesión contenidas en una serie de anexos a los contratos originales que no fueron elevados a la Justicia; que se estableció un incremento de la tarifa sin que se publicara debidamente su nuevo precio como exigiría la Constitución porteña y la entrega de avales de Covimet al Banco de la Provincia de Buenos Aires de manera, presuntamente, irregular.
• Contradicción
De todos modos, este caso no es el único que preocupa en el gobierno porque afecta al Presidente: desde mañana estará disponible en Belo Horizonte (Brasil) para ser trasladado a Buenos Aires el ex concejal Eliseo Roselló, quien está acusado por el juez Alberto Julio Baños de ser uno de los principales operadores de la contratación de personal en el ex Concejo Deliberante de forma irregular. El caso que se conoció como los «ñoquis» en la Municipalidad salpica al propio Presidente por la contratación de un jardinero que habría prestado servicios en una quinta de su propiedad. Por este caso fueron indagados, entre otros, los ex presidentes del ex Poder Legislativo porteño: el radical Juan Trilla y el peronista José Manuel Pico.
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