Nueva causa contra Castells: iría preso ahora en la Capital

Casi una curiosidad en estos tiempos de jueces quejosos. Ayer, por primera vez, la Justicia avanzó contra el «piqueduro» Raúl Castells, ya muy acostumbrado a tomar empresas y edificios públicos y privados. El fiscal Martín Niklison enfrenta al líder de los jubilados. Lo acusa de extorsión y pide su indagatoria por la ocupación de un local de la cadena McDonald's, ubicado a pocos metros del Obelisco. Es la segunda vez que Castells comete un delito de este tipo. Antes fue en Chaco, cuando extorsionó a los directivos del casino local. Si el juez Fernando Cubas lo procesa, terminará en la cárcel. Le correspondería una pena de entre cinco y diez años de prisión.

El líder piquetero Raúl Castells está a punto de volver a prisión si el juez de instrucción Facundo Cubas decide procesarlo por haber extorsionado a la cadena McDonald's para que le entregue 50 mil «cajitas felices».

El piqueduro ya tiene una causa abierta en Chaco por idéntico delito. Permanece en libertad porque la Justicia de esa provincia tuvo piedad de su estado de salud. Con esta nueva imputación, el líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) quedó al borde de la cárcel. Estar preso le sirvió el año pasado a este dirigente para ponerse al frente del movimiento piquetero y opacar al resto de sus competidores en el rubro. Ni pensar en el «envión» político que puede darle una nueva detención -con o sin huelga de hambre- en un año electoral.

La acusación contra Castells fue motorizada por el fiscal porteño Martín Niklison. En un revelador dictamen, el fiscal puso al descubierto las verdaderas intenciones del líder piquetero. Advirtió que su decisión no debe ser calificada como un caso de criminalización de la protesta social.

«Lo ocurrido el 9 de diciembre pasado no fue un legítimo reclamo de gente excluida de la sociedad y necesitada de alimentos, sino -dice Niklison en su pedido de indagatoria del piqueduro- un show montado para promoción política de un dirigente, utilizando las necesidades de muchas personas.» El delito de extorsión tiene pena con prisión o reclusión de cinco a diez años.

Del dictamen sobresalen varios párrafos por la energía con la que el fiscal calificó el accionar de Castells, en su ya acostumbrada arremetida contra empresas y edificios públicos y privados. Con su método de oposición dura logró eclipsar a los blandos Luis D'Elía y Juan Carlos Alderete.

El fiscal Niklison sostuvo que:

• «Aplicando a Castells el rigor de la ley no se está criminalizando la protesta social, porque el hecho aquí denunciado no puede ser calificado como protesta social, sino tan sólo como la utilización de las necesidades de gente socialmente excluida en beneficio de un dirigente político que aspira a participar en elecciones y acceder a un cargo.»

• «Es probable que las personas que seguían a Castells ese día tuvieran auténticas necesidadesalimentarias, pero descarto que el nombrado las tuviese.»

• «Surge con claridad que no se trataba de un simple pedido de cajas de comida, sino que era un reclamo junto con una amenaza como contrapartida en caso de negativa por parte de los directivos de la empresa.»

• «El imputado exigió como condición para retirarse que la empresa le entregara una cantidad determinada de cajas de hamburguesas, papas fritas y gaseosas. De esa manera, se amenazó a los directivos de la empresa para que entregaran lo que él deseaba, pues de lo contrario permanecerían en el lugar impidiéndoles ejercer su actividad comercial.»

• «No cabe duda de que la conducta de Castells constituye un delito ya que ha amenazado a los directivos de la empresa exigiendo como condición para hacer cesar el daño la entrega de cincuenta mil cajas de comida.»

• «Ni siquiera se pretende coartarle el derecho a protestar contra la empresa si así lo desean, pero exigir hamburguesas y papas fritas en un local céntrico como condición para dejar que la empresa ejerza su libertad de comercio constituye, además de un acto de promoción demagógica de un dirigente, un grave delito.»

El caso al que se refiere el fiscal Niklison ocurrió el pasado 10 de diciembre, cuando Castells y un grupo de piqueteros ingresaron a McDonald's y exigieron la entrega de 50 mil «cajitas felices». Fue como condición para desalojar el local de comidas rápidas.