Una denuncia tenue, por ahora, ante el juez Norberto Oyarbide sacudió ayer la Oficina Anticorrupción. En rigor, lo que plantea Oscar Colombo -hombre que ha cuestionado la constitucionalidad del organismo-encierra interrogantes suspicaces sobre la propia transparencia del instituto oficial. Parte la denuncia de una donación que el Banco Mundial (en rigor el BIRF, o Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento), le ha hecho a la oficina que preside el fiscal José Massoni, la cuenta que éste presuntamente abrió en el Banco Nación, la disponibilidad de los fondos y la no participación de organismos auditores en el manejo de esos recursos. Como no son mínimos, y se habla de 50 millones de dólares -la tercera parte de lo que representa el presupuesto total de la Justicia en la Argentina-, la necesidad del esclarecimiento parece imprescindible.
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Señala el denunciante que la donación está identificada en el Banco Mundial como la número IDF 027282, para señalar luego que la Oficina Anticorrupción abrió una cuenta bancaria número 3257/83 en el Nación. Con estos datos, supone que la capacidad investigativa de la oficina podría estar cercenada y, al mismo tiempo, tampoco se explica cómo un organismo de esas características está en condiciones de recibir un aporte tan singular. Más cuando esas transferencias externas, por un expediente (MJ y DH Nº l27988/00), no integrarán el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales. Es decir que la oficina o sus titulares disponen de los recursos sin intervención de los organismos de control administrativo, justamente lo que en términos generales más de una vez ha objetado la labor de Massoni.
•Depósito
Otra inquietud no menor de Colombo se refiere al depósito inicial del BIRF que, según un anónimo, sería de 50 millones de dólares, lo que constituye, de inicio, una contribución anómala para un organismo que, como su nombre lo indica, es apenas una oficina, bajo ningún aspecto reconoce un presupuesto de esa erogación y que, se supone, tampoco dispone de tareas y funciones futuras que impliquen gastos de esa envergadura. Hasta aquí lo que en principio deberá explicar Massoni o, eventualmente, investigar el juez Oyarbide.
De organismo denunciante o investigador, ahora la oficina aparece como investigada. Sorprende que pueda recibir una donación externa, aunque es medianamente público que organismos internacionales como el BIRF se han aburrido de derivar fondos a los gobiernos y, luego, éstos no los han aplicado como correspondía. En consecuencia, no sería ilógico que el BIRF -al hacer la donación-impute directamente al instituto que desea beneficiar. Algo así como aplicar recursos al Hospital de Niños sin la intervención del Estado. Pero ¿puede una oficina como la de Anticorrupción aceptar ese donativo? ¿No implica esto un límite a su propia actividad, ya que resultaría extraño -por ejemploque investigara un cohecho entre gente del gobierno y ese organismo? Y que, además, utilice esos fondos sin control del Estado, como si fueran tan «reservados» como los de la SIDE. Seguramente, al conocerse los extractos bancarios, se sabrá el destino de esos fondos, se esclarecerá la aptitud del organismo para percibir recursos, la responsabilidad del titular para disponer de ellos y, también, la presunta falta de control del Estado -lo que no supone connivencia-sobre los recursos. Será bueno conocerlo pronto ya que esta situación, en apariencia anómala, se conectará, políticamente, con los que hoy se sorprenden de que la Oficina Anticorrupción casi no ha encontrado ningún caso del metier que la ocupa en el gobierno Duhalde. Casi lo mismo que en los tiempos en que gobernaba Carlos Menem sin necesidad de contar con ese organismo.
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