20 de julio 2001 - 00:00

Periodista indiscreto complica más a Urso

Periodista indiscreto complica más a Urso
Entre sus muchos errores el juez Jorge Urso cometió uno fundamental: al único firmante de los decretos de venta de armas que nunca citó a declarar es al entonces ministro Domingo Cavallo. ¿Temor a echarse en contra también al actual gobierno además del menemismo? ¿Temor a que Cavallo -como ya lo hizo en dos juicios anteriores-lo recusara y, de ser aceptada, le sacaran el caso Menem con el cual quiere Urso aspirar al bronce y, también salvaguardarse del juzgamiento por enriquecimiento ilícito que le prepara el Consejo de la Magistratura?

No se sabe bien el motivo de preservarlo a Cavallo, pero sí que es inexplicable su no convocatoria. En la revista «Veintitrés» del 28 de junio, página 38, el periodista Daniel Santoro del monopolio «Clarín» terminó de mamarrachear a Urso y al fiscal Stornelli al declarar en un reportaje que «Cavallo sabía absolutamente todo». (Foto y título de la revista.)

Santoro
es especial para tremenda revelación que desacredita al juez y al fiscal y hace parcial su accionar. Fue el periodista del monopolio que un día recibió un simple cable de la agencia internacional France Presse donde se hablaba de armas vendidas a Panamá que derivaron hacia Ecuador. En «Clarín» los periodistas tenían orden de encontrar «cualquier cosa contra el ministro de Defensa Oscar Camilión». Camilión había abandonado su cómoda beca como representante de la ONU en Chipre y, ambicioso, había logrado que el gobierno Menem lo repatriara y le diera un cargo ministerial. Pero en el pasado Camilión había tenido un affaire sentimental con un alto directivo de «Clarín», como lo cuenta en su libro «Diario de la Argentina» el escritor y periodista Jorge Asís.

El «caso de la venta de armas durante el gobierno Menem» fue exacerbado a comienzos de 1995 por «Clarín» sólo para destruir a Camilión en venganza sentimental. Y lo logró.

• Claudicación

Santoro recibió aliento para usar en notas punzantes ese caso contra el ministro de Defensa, que a raíz de tantas publicaciones fue defenestrado por el presidente Carlos Menem -uno más de sus graves errores de claudicación contra «Clarín»-que le pidió la renuncia como ministro.

Pero luego «Clarín» se preguntó: eficaz contra Camilión ¿qué más se puede hacer con este hermoso material que está logrando Santoro?

Allí surgió la segunda idea: «usémoslo contra todo el gobierno Menem». «Clarín», después de 1983, fue el más iracundo atacante de las Fuerzas Armadas y sus comandantes durante el Proceso para «despegarse» de ellos. Porque mientras gobernaron aunque faltó la demo-cracia usó a esos militares: les sacó la empresa Papel Prensa; un decreto para tener electricidad casi gratuita en la producción de esa planta de papel en San Pedro; otro decreto (que derogó Roberto Alemann recién en 1982) para imponer en la Argentina el arancel más alto del mundo (casi 52%) a la importación de papel para obligar a todos los diarios de aquí a comprarle a «Clarín» y «La Nación» dueños y socios del Estado -actualmente sigue así- el producto vital en Papel Prensa. También «Clarín» logró proyectar en el país e internacionalmente la imagen de sus más altos directivos entregando la Copa del Campeonato del Mundo de Fútbol, en 1978, junto a los comandantes del Proceso que luego serían juzgados y condenados por los desaparecidos.

• Ferocidad

Por eso «Clarín» necesitó -caído el Proceso, obvio-ser feroz con esos militares hasta ese momento benefactores.

Contra Menem tenían que
despegarse de haber podido legalizar radio «Mitre», que poseían ilegalmente, de recibir «Canal 13». Por eso los afanes de Santoro, tras destruir a Camilión, le venían bien al monopolio. Utilizaron a un abogado de izquierda, Ricardo Monner Sanz, que tiene fama de «denunciero» vocacional ante los Tribunales, pero nunca contra las tropelías contra la sociedad argentina del propio «Clarín» sino exactamente al revés: denuncia lo que tendrá eco en las páginas de «Clarín». Inclusive, cuando actúa profesionalmente, Monner Sanz utiliza para amedrentar a sus contrincantes judiciales su poder «de llegada en la prensa» (a «Clarín»).

• Sin avances

Igual el caso no avanzaba en Tribunales. Prueba es que el juez Urso ni atendió en 1996 una presentación concreta que hizo Guillermo Patricio Kelly que había entrevistado al dueño de la empresa propietaria del avión que trasladó las armas que derivaron a Ecuador (como las que vendió el ex presidente Raúl Alfonsín a Honduras terminaron en Nicaragua y no pasó nada ni fue juzgado por nada).

Pero en 1999 cambia el gobierno, el menemismo va al llano político, le surge el sarpullido de broncismo al juez Urso. El fiscal Carlos Stornelli tiene rencores de no ascensos durante la era Menem más la posibilidad de vengar a su padre -¡cuántas venganzas hay en este caso Menem!de la supresión de un contrato militar por parte del entonces comandante en jefe del Ejército, general
Martín Balza.

Así se desarrolló este caso que tiene muchas aristas vergonzosas y muchas jurídicamente aberrantes. Urso comete muchos errores, queda en evidencia su precariedad jurídica frente a todos los tratadistas serios y profundos del país, pasa a llamar la atención cuando ya pesaban sobre él acusaciones de enriquecimiento ilícito. Y para colmo los periodistas lo complican: Ana Barón, corresponsal del monopolio «Clarín» en los Estados Unidos escribe en ese diario que a ella personalmente un miembro del
Departamento de Estado le dijo que había asentimiento del gobierno norteamericano a la venta de armas desde países periféricos (la Argentina) por intermedio de traficantes tradicionales (Palleros en este caso) a sectores musulmanes de Croacia (a los no musulmanes los abastecía directamente los Estados Unidos, pero desconfiaba de los otros) contra el dictador Milosevic.

A lo de Ana Barón --obviamente jamás citada a declarar por el juez Urso ni pedida por el fiscal Stornelli porque indicaría que un juez argentino está juzgando un acto con razón de Estado de un gobierno argentino electo y constitucional-se le agregó otra inopinada declaración del periodista que inició el caso Armas contra una omisión grave de Urso en la indagatoria.

J.N.F.