Pesificación y Punto Final pasarán a 2005

Carmen Argibay

Néstor Kirchner ya padece los tormentos de tener una Corte adicta al confirmar ayer a la designada Carmen Argibay que recién en diciembre próximo estará en condiciones de sumarse al máximo tribunal. Hasta esa fecha, notificó ayer por radio, tiene mucho que hacer en el Tribunal de La Haya, donde participa del juzgamiento de los crímenes cometidos en la ex Yugoslavia.

Eso implicará que el gobierno verá demorado en por lo menos un año más la resolución de dos expedientes por los cuales forzó los cambios en la Corte: el Punto Final y pesificación.

Celosa defensora de su currículum, Argibay explicó que «renunciar con el caso tan avanzado significaría tirar a la basura dos años de investigación». Para irritar más a la Casa de Gobierno, la jueza que logró la semana pasada la aprobación de su pliego en disputada sesión (estuvo apenas dos votos por encima de los 2/3 necesarios), se negó también a precisar cuándo estará por acá. «Los plazos son más o menos vagos todavía y el juramento se cumpliría para fin de año.»

Para frenar cualquier presión para acelerar su ingreso a la Corte, la magistrada explicó que dejar ese empleo que ganó como designación política de la administración de Eduardo Duhalde, implicaría poner en riesgo «el prestigio del país», dado que «sería una irresponsabilidad» abandonar el trabajo realizado en la investigación de los crímenes cometidos en la ex Yugoslavia «a estas alturas». «Sabemos que terminamos este año pero todavía no tenemos fecha», remató.

La noticia levantó revuelo en los Tribunales, pero más en la Casa de Gobierno donde abundaron manifestaciones de mal humor en las reuniones matutinas. El gobierno hizo su política principal de los cambios en la Corte, acusada de responder de manera automática a los designios del gobierno de Carlos Menem, que la amplió a poco de comenzar su administración. Ese mismo cuerpo, sin embargo, es el que lo mantuvo preso al riojano medio año con la indiferencia de un tribunal hostil. Ahora parece comenzar Kirchner a sufrir en carne propia esa mortificación de ser acusado de tener jueces propios que, sin embargo, aprovechan cada momento para hacer gestos de independencia política.

Con tanto gasto político que hizo Kirchner para responder a la encuesta que reclamaba cambios en la Corte, ahora deberá esperar por lo menos hasta mediados del año que viene para tener una respuesta en dos expedientes clave para los cuales el tribunal en su actual integración dice necesitar la opinión del pleno de los nueve miembros.

• Giro

Uno de ellos es la constitucionalidad de las leyes de Punto Final, asunto que siempre ratificó la anterior composición de la Corte pero que ahora, con el ingreso de Raúl Zaffaroni, Carmen Argibay y Elena de Nolasco, el gobierno espera un giro que reabra el juzgamiento de militares y civiles que habían sido desprocesados por las normas de Obediencia Debida y Punto Final. El gobierno hasta ahora logró que el Congreso votase una anulación de esas normas, instituto que según muchos carece de rango legal pero que satisface el proyecto kirchnerista de frenar el reclamo de acusados por delitos cometidos durante la represión clandestina de las guerrillas en los años '70 por parte de terceros países.

Kirchner -un hombre que calló sobre este asunto hasta su asunción como presidente el año pasado-considera atroz para la estética de su gestión andar por el mundo recibiendo reclamos de jueces extranjeros de la extradición de argentinos que son juzgados en el país por aquellas leyes que promovió en el Congreso el radicalismo para frenar las asonadas militares de finales de los años '80.

Aunque la nulidad de las leyes la promovieron Elisa Carrió y Patricia Walsh, el gobierno presionó a los bloques PJ para esa nulidad, que ha bastado para que algunos países hayan dejado de pedir extradiciones porque entiende que abre la posibilidad de juicios en la Argentina.

Eso es algo que también quiere Kirchner, que imagina un país animado también por el desfile de militares del juzgado, pero no puede ocurrir si la Corte mantiene la constitucionalidad de esas dos leyes que, aun cuando cambiase el criterio del tribunal, podría seguir amparando a acusados de delitos atroces contra los derechos humanos por el principio de la ley más benigna.

Los magistrados de la Corteaplican a este caso la siguiente fórmula: sin Argibay y con Adolfo Vázquez, en rebeldía por el juicio político que le sigue el kirchnerismo en el Congreso, ninguno de los temas importantes en los que hay voto dividido puede salir. Tal el caso de estas leyes de Punto Final y otro de igual importancia para el gobierno como es el fallo de fondo sobre la pesificación de los depósitos.

Pese a que hoy el tribunal fallará rechazando la dolarización de los llamados «amparos de segunda generación» -los que han logrado quienes recibieron depósitos pesificados a 1,40 pero que ahora reclaman la diferencia con el dólar a precio de mercadoeso no será más que una señal hacia los tribunales inferiores que los concedieron. Esa sentencia, que firmarán hoy los ocho magistrados, no resuelve en problema de fondo que quedará pendiente hasta que Argibay se sume al tribunal.

Como las dos causas mencionadas son complejas en lo técnico y voluminosas por la cantidad de incidentes, ningún juez serio que se siente a dictaminar podrá resolverla en poco tiempo.

Si se le toma la palabra a la magistrada de que ingresará en diciembre, con ferias y demás demoras, no estará en condiciones de formarse un concepto antes de los cuatro o cinco meses con lo cual el gobierno tendría alguna satisfacción recién dentro de un año.