Los fundamentos con que la Sala II de la Cámara Federal Penal de la Capital Federal excarceló el martes a Víctor Alderete al destacar que hubo asociación ilícita porque no se pudieron comprobar los delitos imputados como tampoco que hubiese perjuicio para el Estado, alentó a los abogados de Carlos Menem, quien se mostró exhultante cuando recibió en la quinta de Don Torcuato al ex administrador del PAMI. Tanto el ex presidente como sus patrocinantes Oscar Roger y Oscar Salvi se ven en un espejo -si bien en Derecho Penal no se generaliza la acusación o el sobreseimiento-porque entienden que no existen pruebas objetivas, ni siquiera testimonios que lo involucren de una manera directa. De todos, los camaristas Eduardo Luraschi, Horacio Cattani y Martín Irurzun que deberán decidir sobre el caso Menem aún no hay criterio definitivo porque existen dudas sobre el proceso llevado a cabo por el controvertido juez federal Jorge Urso.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
No fueron los únicos abogados que no han vacilado en criticar la particular aplicación de la figura de asociación ilícita por estos jueces federales, tentados en satisfacer la interesada presión de algunos medios y sectores políticos que en juzgar de acuerdo a derecho. Este diario ha venido sosteniendo este criterio crítico que molestó al inefable fiscal Carlos Stornelli, pero que no fue más que reproducir el pensamiento jurídico de notables como los ya mencionados Arslanian, Salvi y Roger sino de otros que se ubican en las antípodas de su simpatía por la acción política que desplegó el ex presidente, pero -serios y honorables como son-ajustaron su óptica jurídica a la inconstratable realidad. Entre ese grupo merecen citarse Ricardo Gil Lavedra, ex ministro de Justicia de Fernando de la Rúa, Eugenio Zaffaroni, director del Instituto Nacional Antidiscriminación, o independientes como el ponderado constitucionalista Germán Bidart Campos.
Si hasta en privado, los hombres de la Corte -incluso los denominados antimenemistas-se han espantado con las decisiones de estos jueces federales de primera instancia -que en honor a la verdad y ello es reprochable-fueron designados más por su cercanía con los funcionarios del ex gobierno que actuaron de padrinos que por su conocimiento de códigos y jurisprudencia. Craso error del que seguramente se debe estar arrepintiendo el propio Menem, quien -ahora-podrá salir de la difícil situación que lo puso un juez menor, sólo con la aplicación irrestricta del derecho. Así se espera de la Cámara que duda, de la Corte que ya ha hablado aunque en casos diferentes y en el procurador general, Nicolás Becerra, al dictaminar la admisibilidad del recurso de queja de Emir Yoma ante la Corte y en otro caso anónimo, en los que destrozó este criterio de asociación ilícita de Bagnasco y Urso.
Sospecha irritante
Salvi criticó duramente a los jueces de primera instancia -en estos casos puntuales Adolfo Bagnasco, decididamente jugado a la política, y Urso, complicado a su vez por una investigación de presunto enriquecimiento ilícito-que no realizaron pericias, no pueden acreditar la comisión de los delitos que acusan a sus procesados y se valen de un estado de sospecha irritante para detener a personas y mantenerlas encerradas durante varios meses hasta que el lento trámite del proceso en la Argentina, demuestra la equivocación: «Pero el resultado es terrible para el imputado», se quejó Salvi, quien justificó que la Corte deba tratar «cuestiones de hecho ante los disparates jurídicos de los jueces de primera instancia». El abogado también apuntó a la Oficina Anticorrupción que había cuestionado la intromisión de la Corte en estos casos.
Otro de los abogados que cuestionó seriamente a Bagnasco fue Carlos León Arslanian aunque se mostró prudente en el caso Menem por aquello de que cada causa penal es inherente exclusivamente a la persona que se encuentra acusada. De todos modos, el ex ministro de Justicia de Menem y de Eduardo Duhalde, considerado uno de los penalistas más reputados del país e incluso critico de su ex jefe político, destrozó el particular criterio de aplicar la asociación ilícita en forma indiscriminada.