Por qué no puede ser suspendido

Judiciales

Al parecer, algunos miembros de la comisión senatorial de juicio político y otros legisladores han advertido que requerirán del Senado de la Nación la suspensión en el cargo del juez de la Corte Suprema, Dr. Eduardo Moliné O'Connor mientras se cumple con el procedimiento del juicio político. Tal decisión sería claramente inconstitucional, carece de respaldo en la Ley Fundamental e importaría una grave lesión para el principio que impone la distribución de las competencias gubernamentales entre distintos órganos que las cumplen de manera independiente. Resulta constitucionalmente inviable disponer la suspensión en sus cargos de los funcionarios previstos en el artículo 53 de la Constitución Nacional durante la sustanciación de un «juicio político».

Una solución contraria, al margen de carecer de respaldo en la Ley Fundamental, importaría una seria lesión para el principio que impone la distribución de las funciones gubernamentales entre diversos órganos que actúan de manera independiente. Afectaría esa independencia generando una intromisión indebida del órgano legislativo en la actuación del órgano ejecutivo o de la Corte Suprema de Justicia. Sobre el particular, Juan A. González Calderón enseñaba que el acusado en un «juicio político» no puede ser suspendido. En igual sentido se expide Segundo V. Linares Quintana. Carlos María Bidegain, por su parte, se adhiere a la propuesta formulada por Germán Bidart Campos.

• Potestad

En similar línea de pensamiento, Néstor Sagüés. La Constitución solamente le otorga al Senado la potestad de juzgar a los funcionarios individualizados en el artículo 53 de la Ley Fundamental y, en su caso, de proceder a su remoción. Pero en modo alguno lo habilita para suspender al sujeto pasivo en su cargo. Máxime cuando se trata de un juez de la Corte Suprema que disfruta de la garantía de la inamovilidad (art. 110 CN). Garantía que sería vulnerada con la suspensión. Tengamos en cuenta que, el artículo 60 de la Constitución, y en el marco jurídico del juicio político, solamente le reconoce al Senado la potestad de dictar un fallo, pero no alguna medida cautelar o preventiva como sería la suspensión. Asimismo, ese fallo, «no tendrá más efecto que destituir al acusado». Esa solución se impone porque, si el Senado pudiera suspender a los funcionarios enunciados en el artículo 53 de la Constitución, estará interfiriendo en el normal funcionamiento de los restantes órganos del gobierno. Así, se podría, en un juicio político, suspender al Presidente y vicepresidente, disponiendo la sanción del órgano ejecutivo por el presidente provisorio del Senado. Otro tanto respecto de los jueces de la Corte Suprema de Justicia descabezando, total o parcialmente, al órgano que ejerce la jefatura del Poder Judicial. Se operaría una suerte de omnipotencia del órgano legislativo en desmedro de los restantes órganos del gobierno.

• Antecedentes

Existen ciertos precedentes que avalan la inviabilidad de la suspensión. Uno de ellos, fue el juicio político sustanciado contra cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia en 1946/'47. En esa oportunidad no fueron suspendidos en sus cargos los jueces Sagarna, Nazar Anchorena y Ramos Mejía. A tal punto que, durante la sustanciación del juicio político participaron en el dictado de numerosas sentencias del tribunal. La última de ellas fue del 21 de abril de 1947 (Fallos C.S. 207:344) y el fallo del Senado que dispuso sus remociones fue del 30 de abril de ese año. Otro precedente relevante se concretó con la reforma constitucional de 1994. Con motivo de ella se resolvió que los jueces inferiores ya no quedaban sujetos al sistema del juicio político que contemplan los artículos 53, 59 y 60 de la Ley Fundamental. Se resolvió que la remoción de esos magistrados quedaba a cargo de un jurado de enjuiciamiento (art. 115 CN) y que la apertura del proceso de remoción y la acusación pertinente quedaban a cargo del Consejo de la Magistratura (art. 114, inc. 5º, CN). En esa oportunidad, se incluyó expresamente la facultad, para el Consejo de la Magistratura, de suspender al juez acusado (art. 114, inc. 5º, CN) sin que, similar potestad, se le confiriera al Senado respecto de los funcionarios citados en el artículo 53 de la Constitución. Sobre la base de tales precedentes y la calificada opinión doctrinaria, se arriba a la conclusión de que el Senado jamás puede, durante la sustanciación de un juicio político, suspender a un juez de la Corte así como tampoco a los restantes funcionarios que enuncia el artículo 53 de la Constitución.

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