Se endurece la Corte con el gobierno y pide frenar campaña

La Corte enfrentó ayer al gobierno y a los sectores que piden su destitución con un mensaje de inusitada dureza: «Si esta campaña de desprestigio continúa vamos a tener que dar un paso al costado para que intervenga una Corte de conjueces que podría darle al 'corralito' (financiero) el mismo trato que el juez (Martín) Silva Garretón», quien convalidó todos los recursos de amparo en favor de los ahorristas para liberar a los depósitos retenidos en los bancos. El mandoble impactó de lleno en el rostro inmutable del secretario de Hacienda, Oscar Lamberto, quien reemplazó a Jorge Remes Lenicov -cambió la visita por una reunión con diputados, avisado del estado de ánimo de los jueces-durante la reunión que los responsables de la economía mantuvieron ayer con la cabeza del Poder Judicial, para analizar el presupuesto de ese poder del Estado aunque la intención oficial era la de lograr apoyo para las difíciles medidas económicas que viene instrumentando la administración que encabeza Eduardo Duhalde.

Para que no quedaran dudas del estado de ánimo que reinaba en el máximo tribunal -sin distinción de probos o réprobos-antes de la llegada de Lamberto, en un acuerdo extraordinario la Corte hizo lugar a un amparo que presentó un matrimonio de docentes jubilados, ordenándole al Banco Río a devolver un plazo fijo de $ 40.000. Si bien la decisión de la Corte se basó en razones humanitarias por la extrema situación de los afectados --inclu-so el hombre intentó suicidarse por esta causa-fue una clara señal que no se respaldará a ojos cerrados «el corset» financiero que se le impuso a la población a partir del Decreto 1.570/01 que firmaron Fernando de la Rúa y Domingo Cavallo, y extremaron Duhalde-Remes Lenicov. « Puede llegar a afectarse el Derecho de Propiedad», tronó Gustavo Bossert, uno de los jueces más medidos de ese tribunal que sorprendió a los visitantes por la profundidad jurídica que esa definición implica.

• Advertencia

Previamente Julio Nazareno advirtió que se podrían estar afectando «derechos esenciales» porque el 'corralito' de Duhalde ya no es el mismo que convalidó la Corte con el caso Peralta mientras que Eduardo Moliné O'Connor hizo saber de su molestia por una campa-ña de desprestigio de dudoso origen. Diplomático, este juez, reprochaba al enviado del gobierno por la dura crítica de Hilda Chiche de Duhalde durante la primera reunión de gabinete en contra de la Corte y por la anodina definición de su marido en un reportaje que concedió al monopolio «Clarín» el pasado domingo. «No sé sí son los medios o los políticos» quienes se realimentan con estas versiones y alientan el cacerolazo contra la Corte, fue otra parte de la velada crítica.

Guillermo López le recordó a Lamberto que ha sido política de la Corte -al igual que su similar de los Estados Unidosacompañar las políticas de Estado de cualquier gobierno dentro de los límites de la razonabilidad jurídica para no crear un conflicto de poderes y trabar la acción del gobierno, «pero ese acompañamiento se hace difícil cuando llueven contra esta Corte duras críticas por esos fallos». Sin embargo fue Adolfo Vázquez quien disparó el misil que aterra al gobierno: una Corte de conjueces que podría derrumbar al «corralito financiero» y abrir el camino para el derrumbe del sistema bancario por la salida intempestiva de los depósitos. En esa instancia ya se han acumulado 400 expedientes que fueron apelados por el gobierno, todos concediendo amparos a los ahorristas para que puedan retirar sus plazos fijos y otros activos financieros de los bancos.

Ante tamaño «scrum» -como en el rugby-Lamberto atinó a decir que el gobierno estudia flexibilizar al «corralito» el máximo posible pero recién adoptará esa medida a partir de la aprobación del presupuesto, por lo que su implementación podría darse dentro de una semana o veinte días. López insistió en ese plano con los límites que tiene la discrecionalidad y abundó con otros casos jurisprudenciales ocurridos en el pasado. Después de esos cruces -en realidad fueron monólogos de los siete ministros, faltaron Enrique Petracchi y Carlos Fayt se acordó que Nicolás Reyes, jerarquizado como « el ministro número 10», seguirá discutiendo con Eduardo Ratti, secretario Legal y Técnico de Economía y otros funcionarios de Hacienda, el presupuesto para el Poder Judicial.

En ese punto, los informes difieren: para el administrador general de la Corte, en principio, se respetará el mismo presupuesto destinado al Poder Judicial que el otorgado el ejercicio anterior. Unos $ 662 millones se repartieron entre la Corte ($ 92 millones) y el Consejo de la Magistratura ($ 570 millones). Para los funcionarios de Economía se tratará de rebajar ese monto en algunos millones y se buscará que la Justicia adhiera al recorte de 13 por ciento en los salarios que el Poder Ejecutivo aplicó a sus agentes.