El juez federal Norberto Oyarbide admitió ayer la inminente presentación de apelaciones contra la decisión que tomó el lunes de anular los indultos que beneficiaron a José Martínez de Hoz y Albano Harguindeguy en una causa en la que se investiga el presunto secuestro de dos empresarios en 1977.
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En la misma causa, Oyarbide también declaró la inconstitucionalidad del indulto que había firmado Carlos Menem sobre las responsabilidades de Jorge Rafael Videla.
El magistrado evitó precisar si podría dictar en el corto plazo detenciones en el marco de la causa en que investiga las detenciones del empresario Federico Gutheim y su hijo, Miguel Ernesto, entre 1976 y 1977. «Ahora estamos en esta instancia donde terminé de declarar la nulidad de esos dos indultos; como se comprenderá esa decisión no está de acuerdo con los intereses de los abogados que están atendiendo a Martínez de Hoz y a Harguindeguy», subrayó.
El hijo y abogado defensor de Martínez de Hoz insistió ayer en que el ex ministro de Economía de la última dictadura será sobreseído en la causa por las detenciones de los empresarios. José Alfredo Martínez de Hoz hijo, a cargo de la representación legal de su padre, destacó que en 1988, la Cámara Federal «ya lo había desvinculado por los hechos». «Ya fue investigado por estos hechos por la Justicia antes de los indultos y fue la propia Justicia antes de los indultos, en 1988, la que concluyó que él era ajeno a los hechos», subrayó el letrado.
Perjudicado
En declaraciones a radio «La Red», el abogado sostuvo que en el caso de su padre, el indulto -dictado por el ex presidente Carlos Menem- lo «perjudicó». «La resolución judicial lo único que hace es reabrir la causa y esta causa debería terminar con un sobreseimiento porque el fallo de la Cámara Federal de 1988, con jueces designados durante la democracia está firme», sostuvo José Martínez de Hoz hijo. Por otra parte, el letrado consideró que « lamentablemente la Justicia argentina no es independiente».
Admitió además que en el marco de la última dictadura militar «hay delitos que pudieron haber sido de lesa humanidad dependiendo cuáles fueron los delitos».
Gutheim y su hijo fueron capturados entre 1976 y 1977 y puestos a disposición del Poder Ejecutivo nacional. Con esa acción se habría buscado obligarlos a que su empresa, Sadeco, que se dedicaba a la producción de algodón, cumpliera con un contrato de exportación.
Prisión sospechosa
Los empresarios estuvieron cerca de 5 meses privados de la libertad y a disposición del Poder Ejecutivo, en una acción que se sospecha vinculada a una presión para realizar negociaciones con empresas extranjeras.
Martínez de Hoz sólo estuvo 77 días preso por este caso, fue indagado y procesado, pero luego fue excarcelado por la Cámara Federal, mientras que Harguindeguy debería pasar directamente a juicio porque la instrucción en su caso ya había sido cerrado.
Sobre la decisión de Oyarbide opinó también el ex presidente Carlos Menem, quien dijo que «dejar sin efecto los indultos para un sector de la comunidad y mantener los indultos para otros, para los subversivos, me parece un desacierto total, absoluto». En declaraciones periodísticas formuladas en La Rioja, Menem sostuvo que gracias a los indultos «se vivió en paz durante diez años, se llegó a calmar los espíritus».
El ex jefe de Estado y actual senador nacional explicó que luego de «las leyes que dictó el gobierno del doctor (Raúl) Alfonsín, de Obediencia Debida y Punto Final», su gestión «puso en vigencia el indulto, que estableció justicia para todos, para los militares que combatieron la subversión y para los subversivos. Muchos montoneros fueron beneficiados por el indulto que yo dictara oportunamente», advirtió.
Menem se quejó de que ahora se anulan los indultos para ex integrantes de la dictadura, pero no para quienes fueran miembros de organizaciones guerrilleras, lo que consideró como «un desacierto total».
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