También teléfonos del gobierno investigados por los secuestros

Con la perspectiva de convertirse en un escándalo político, este diario accedió ayer a nuevos detalles del resultado del entrecruzamiento de llamadas telefónicas de presuntos secuestradores con organismos oficiales. En un informe del procurador de la Corte de Buenos Aires surge que no sólo están comprometidas líneas pertenecientes al edificio Libertador, donde funciona la sede del Ejército, sino que aparecen implicados teléfonos de la propia Casa de Gobierno. Una de las reparticiones investigadas es la Secretaría General de la Presidencia ya tocada por el caso del Tango 01. Si se probase eso, se verificaría que las investigaciones no sólo deben centrarse en las fuerzas bonaerenses sino en otros poderes del Estado. El propio Néstor Kirchner -notificado de esta investigación por el gobernador Felipe Solá- se resistía a creerlo, lo que demuestra la envergadura de las revelaciones que aparecen en la investigación de millones de comunicaciones telefónicas realizadas desde 1997. La pesquisa en marcha, además, confirmará hoy que en esas llamadas hay también implicados algunos policías bonaerenses.

El informe del procurador de la Corte de Buenos Aires sobre el resultado del cruzamiento de llamadas telefónicas de presuntos secuestradores no sólo compromete a líneas asignadas al Edificio Libertador, donde funciona la sede del Ejército, del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor Conjunto. En esos listados de varios millones de llamadas emitidas y recibidas desde 1997 hasta la fecha, aparecen implicados -según relató a este diario anoche uno de los principales investigadores del caso-líneas que están asignadas a reparticiones con sede en la Casa de Gobierno. Una de ellas es la Secretaría General de la Presidencia.

Esa presunción que golpea en el corazón mismo del poder es lo que hundió en el misterio el informe desde el lunes por la noche, cuando Felipe Solá se lo llevó a Néstor Kirchner a la Casa de Gobierno. El Presidente estaba ocupado, pasadas las 22 de ese día, con dos visitantes que se cruzaron en los pasillos con el gobernador, los sindicalistas Hugo Moyano y Juan Manuel Palacios, citados por el santacruceño para escuchar una versión sobre la guerra de la basura que amenazaba en esas horas con dejar sin recolección a toda la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal.

El gobernador se embutió en el despacho presidencial y no salió hasta pasada la media-noche. Nadie quiso contar lo que pasó después de que le mostrase el «memo», una respuesta al pedido de Kirchner de «ir a fondo» en la investigación de la corrupción en la Policía de Buenos Aires. Kirchner se resistió a creerlo y lo dijo en voz alta.

Citó a algunos funcionarios y ordenó que la SIDE hiciera inmediatamente una auditoría del sistema Vait (de origen israelí, comprado por la gestión Duhalde para reemplazar al célebre Excalibur). También habló con Norberto Quantín - Gustavo Béliz se demoraba en Suiza aplicando fondos públicos en una nueva investigación sobre las cuentas de Menem que nunca encuentra-. Le ordenó que hiciera una auditoría paralela del resultado del Vait para certificar la veracidad de la información.

Al día siguiente, Quantín analizó con el propio general Roberto Bendini (jefe del Ejército) y un grupo de oficiales la coincidencia de los números. Esa noche, Kirchner también recibió al resultado de la auditoría SIDE que confirmó que el trabajo estaba bien hecho. Hoy se además que también hay en esos cruzamientos los teléfonos asignados a algunos policías bonaerenses.

Ninguna de esas dos compulsas afirmativas sobre la coincidencia de números agregó nada sobre responsabilidades específicas de funcionarios en actos criminales. Pero bastó para disparar el terror en los despachos oficiales. Estaba reciente la denuncia de Aníbal Fernández sobre la captura de líneas oficiales del Ministerio del Interior por delincuentes que las usaban para hacer llamadas a todo el mundo pasando la factura al Estado.

• Hipótesis

Esto reforzó la hipótesis que dominaba anoche al gobierno: que se trate del uso por parte de los secuestradores de un sistema informático confeccionado a medida del Excalibur y el Vait, es decir que disfraza las llamadas reales hechas por los delincuentes con el número de líneas asignadas por las empresas telefónicas a reparticiones del Estado.

Uno de los investigadores de la gobernación de La Plata reconoció anoche que ésta es la principal hipótesis de trabajo: los secuestradores se cubren del Excalibur disfrazando llamadas con teléfonos de otros con el beneficio adicional de que no pagan las llamadas, además de enloquecer de desconcierto a los pesquisas.

El informe se conoció el fin de semana en dos contextos diversos. El diario «Página/12» recogió la presunción de voceros del gobierno de que se trata de una maniobra de opinión dirigida a incriminar al gobierno nacional en la ola de crimen que asola al país y que, según esa óptica, concentra las culpas en las fuerzas de la Policía Bonaerense.

La lectura del mismo informe que dieron ayer el diario «El Día» de La Plata y «La Nación» de Buenos Aires dejaron abierta la posibilidad de que efectivamente haya una participación criminal de personal de las Fuerzas Armadas en delitos comunes como secuestros, robos y piratería del asfalto.

Esas versiones se basan sobre un fragmento de la investigación que, según el investigador que informó a este diario, es sólo 30% de lo que concluye. Cualquiera que fuera la manipulación política de esa información, el efecto de la noticia es devastador: la ola criminal no se circunscribe a responsabilidades de una Policía -la de Buenos Aires-, sino que tiene cobertura en las Fuerzas Armadas a través de algunos de sus miembros que además trabajan en la sede central del comando. Si fuera así es gravísimo; tanto como si se tratase de una fabricación de prensa dirigida a arrojarse a adversarios políti cos, es decir, un extremo de falta de escrúpulos incalificable.

La identificación de teléfonos oficiales en llamadas cruzadas -entrantes y salientescon los usados en decenas de casos criminales y en una extensión de seis años-aumenta la perplejidad y abre varios caminos a los investigadores. Estos se cuidan de atribuir a personas concretas responsabilidad alguna, pero hay un punto enigmático en todas las hipótesis que se analizan; no hay nada todavía que permita encontrar un elemento común entre tantos casos y en tamaño lapso de tiempo (6 años). Veamos lo que analizan los investigadores:

1) que se trate de un disfraz informático de líneas ur-dido por los criminales para distraer a los investigadores y, de paso, no pagar las llamadas. Es un sistema muy fácil de aplicar con un programa informático de derivación de llamadas que se ha usado para los locutorios «truchos» que funcionan con líneas ajenas -de reparticiones del Estado, líneas de poco uso o de gente de vacaciones o directamente robadas con un sistema que roba pulsos con una velocidad vertiginosa de líneas que en ese momento no están en uso.

2) Que ese cruzamiento haya saltado por la interferencia de llamadas reales de despachos del Edificio Libertador y de las reparticiones de la Casa de Gobierno, pero sin intención criminal. Pueden haber sido hechas por agentes de inteligencia estatal con el propósito de acumular información «por derecha», es decir para ayudar a esclarecer los casos criminales. Son frecuentes las reuniones entre centrales de inteligencia (SIDE, Fuerzas Armadas, de seguridad y hasta delegados de gobiernos extranjeros) para cruzar información. En esos encuentros, se recaba colaboración y eso puede motivar llamadas que quedan regis-tradas en los sistemas de cruzamiento de los investigadores. Esta hipótesis se basa en el hecho de que en cada secuestro aparezcan contactos con teléfonos de reparticiones públicas.

3) La última hipótesis es la que todos temen: que en unas Fuerzas Armadas ya incriminadas desde hace 30 años por el terrorismo de Estado, ahora aparezcan también complicados en secuestros extorsivos. Peor aún, que hagan uso de estructuras del Estado para delinquir. O que esas llamadas hayan obedecido a un propósito clásico en los secuestros, la mejicaneada. Que se produzca un secuestro y alguien, conociendo algún detalle por pertenecer a servicios de inteligencia, se ponga en el medio de secuestradores y familiares para birlar, como ocurrió en el caso Echarri, el dinero que vayan a pagar.

En esta presunción, funcionarios del Estado privilegiados por su función en tareas de inteligencia podrían haber usado la información recibida para robar -o comprar según algunos-un secuestro para beneficiarse del final de obra de ese espantoso negocio de compra y venta de vidas humanas.

4) Sobre el uso de la información ya en manos del gobierno no faltan hipótesis, como la que afirma que la publicidad de la noticia mejora el perfil de la administración Solá. «Ayuda a quebrar la lógica explicativa de la ola criminal diciendo que no todo es culpa de la Bonaerense», se entusiasmó con algo de cinismo anoche un ministro provincial.

Del lado del Ministerio de Seguridad y Justicia se especula con una agresión a la figura de Gustavo Béliz usando una mecánica ya conocida en el caso AMIA: derivar responsabilidades de policías a militares, como ocurrió en la denuncia de que hubo hombres del Ejército en la conexión local. Algo que siempre el Ejército atribuyó a una maniobra que le costó la prisión a algunos uniformados -entre ellos, un líder carapintada-cuya responsabilidad al final la Justicia desestimó.