Temporada de caza: 5 jueces al borde de la destitución

Carlos Liporace

Al menos cinco jueces se encuentran al borde del juicio político, acusados de un supuesto mal desempeño de sus funciones en procesos llevados a cabo por el Jury de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura que preside Helena Highton de Nolasco.

Se trata del juez en lo Penal Económico Carlos Liporace; el juez federal de Zapala Rubén Caro; la jueza en lo contencioso administrativo Emilia Marta García; el juez federal de Tucumán Felipe Terán, y el camarista civil Carlos Degeorgis.

Los procesos más avanzados son los que corresponden a los dos primeros magistrados, quienes fueron suspendidos en sus funciones y sus casos ya fueron elevados al Jury de Enjuiciamiento, que en el transcurso de este año deberá decidir si los destituye o les permite seguir ejerciendo su cargo.

Liporace fue cuestionado por supuestas irregularidades cometidas en la tramitación de la causa por las « narcovalijas» y en otra investigación en la que habría beneficiado a la curtiembre perteneciente al grupo Yoma.

Con respecto a Caro, los cargos en su contra corresponden a su actuación en la causa por el homicidio del soldado Omar Carrasco, en el que permitió «una investigación paralela del Ejército», la «pérdida de pruebas fundamentales» y « demoras» en la toma de dos declaraciones testimoniales.

Omar Carrasco murió el 6 de marzo de 1994 en una base del Ejército ubicada en Zapala -donde el joven cumplía el servicio militar obligatorio- tras recibir una feroz golpiza. Su cuerpo recién fue encontrado un mes después en terrenos del mismo regimiento donde había desaparecido.

En trámite

Los otros tres casos de pedido de remoción, que tiene en carpeta la Magistratura, se encuentran en pleno trámite y sólo cuentan hasta el momento con dictamen de la Comisión de Acusación, pero aún deben ser analizados por el plenario del cuerpo.

El juez Degeorgis fue cuestionado por haber revocado una sentencia de primera instancia, relacionada con un caso de sucesión en el que se habrían cometido ciertas irregularidades, a lo que se sumó una denuncia de que, para fallar en ese sentido, el magistrado habría cobrado un millón de pesos.

El caso de la jueza García tiene ribetes más oscuros, puesto que el Consejo evalúa si ordenar su juicio político por su presunta participación en una escribanía durante la última dictadura militar, donde se habría desapoderado de sus bienes a personas desaparecidas.La magistrada presentó recientemente su renuncia al Poder Ejecutivo, que aún no la aceptó, por lo que el proceso de remoción en su contra podría quedar a mitad de camino, no obstante lo cual la jueza tiene pendiente también una causa penal por esos hechos. El juez Terán, por su parte, fue acusado por haber cometido supuestas irregularidades al ordenar el pago de títulos públicos en default por una suma cercana a los u$s 600 mil.