Una de las causas más importantes abierta contra el sindicalismo argentino por un supuesto caso de corrupción podría llegar a ser cerrada sin condenas. Las razones son el largo tiempo que tomó la investigación y la vigencia de la nueva ley sobre prescripción de causas penales.
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Se trata de la causa que involucra a unos 120 gremialistas que están investigados por el supuesto desvío de 285 millones de dólares de un crédito del Banco Mundial para la reconversión de las obras sociales durante la década del 90.
El abogado Modestino Pizarro Míguez, quien representa a nueve sindicalistas de la obra social del gremio telefónico, planteó al juez Norberto Oyarbide la prescripción del expediente por el paso del tiempo.
El magistrado ya olfateaba la jugada. Por eso, había dispuesto hace más de 45 días la declaración indagatoria de varios de los sindicalistas que aparecen involucrados en el supuesto ilícito. Los popes gremiales habían eludido la declaración solicitando sucesivas postergaciones. Era casi obvio que los sindicatos buscaban congelar la pesquisa con el argumento de que la causa había prescripto.
Pero el juez, ante la presentación, decidió ampliar el alcance de la medida y abrió el análisis de la eventual prescripción para todos los imputados, entre ellos ex funcionarios y empresarios de la medicina prepaga.
La investigación sobre los sindicalistas fue motorizada en enero pasado por el fiscal Carlos Stornelli por una denuncia que en su momento efectúo el abogado Ricardo Monner Sans.
Stornelli pidió a Oyarbide, en un escrito de unas 500 páginas,la indagatoria de unos 120 gremialistas y otras 40 personas, entre ex funcionarios y empresarios, por el supuesto desvío de parte de un crédito de 285 millones de dólares. Ese dinero llegó a la Argentina en tres tramos entre 1996 y 2000 -parte del gobierno de Carlos Menem y parte del de Fernando de la Rúa- para el llamado «Programa de Reconversión de las Obras Sociales (PROS)».
Destino
Los fondos estaban destinados, según un decreto del gobierno de Menem, al pago de deudas, la compra de equipamiento, las reestructuracionesde personal y la capacitación.
En esa lista figuran varios de los dirigentes sindicales más importantes: Gerardo Martínez (constructores), Juan José Zanola (bancarios), Armando Cavalieri (mercantiles), Antonio Cassia (petroleros), Diógenes Salazar (telefónicos) y Jorge Menem (correos).
El eventual rechazo al planteo por parte de Oyarbide es apelable ante la Cámara Federal, y luego hay otras instancias para los recursos: la Cámara Nacional de Casación Penal y, eventualmente, la Corte Suprema de Justicia.
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