Un Lavagna útil: pide juicio de funcionarios que comenzaron la escalada de aumentos salariales

A contramano de lo que acostumbra, Roberto Lavagna tuvo ayer una participación razonable en la cuestión salarial que hoy tiene en vilo al país con la amenaza constante de huelgas. Para ello intervino en la interna judicial que enfrenta a la Corte Suprema con el Consejo de la Magistratura, que desconoció las órdenes del tribunal supremo y concedió aumentos de hasta 35% en sueldos. El ministro pidió que se investigue a los consejeros por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario por no acatar la acordada de la Corte que suspendió el incremento salarial. La intervención de Lavagna lleva al gobierno a una posible confrontación con la CGT. La actitud del ministro ya generó reacción en el gremio judicial que mañana paralizará tribunales en todo el país. No es una cuestión menor: este sector fue el primero en lograr beneficios salariales, los mismos que originaron la actual cadena de paros por parte de otros sindicatos.

Facsímil de la nota que el ministro Roberto Lavagna le envió al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, pidiendo investigar a los consejeros.

El gobierno jugó su carta más fuerte para detener la corrida de los gremios, porfiados en lograr un aumento en los salarios de sus afiliados. Roberto Lavagna reclamó que el procurador general de la Nación, el procurador del Tesoro y la Auditoría General investiguen si los consejeros que aprobaron el aumento de sueldos para los judiciales cometieron el delito de « incumplimiento de deberes de funcionario» al ignorar una acordada de la Corte Suprema que dispuso la suspensión de ese incremento.

De este modo, Economía (gobierno) terció en el conflicto de poderes entre el supremo tribunal y el Consejo de la Magistratura. La intención de Lavagna es frenar el pago del reescalafonamiento y el aumento de hasta 35%, previsto para el lunes 13.

Sin embargo, el propósito del irritable ministro naufragó en plena partida: la administración del Poder Judicial ya entregó a una buena decena de jueces, camaristas y empleados los recibos de sueldos donde figura el incremento. Es decir, están en condiciones de cobrar.

Desde la Procuración alentaron al ministro con un asesoramiento legal que el jefe de la cartera de Economía no tuvo en cuenta cuando pidió la investigación.

«Todavía no se consumó el delito; hay que aguardar a que se concrete el pago para investigar penalmente a los consejeros-», le soplaron. Varias «bombas de olor» estallaron en los tribunales, a poco de conocerse los esfuerzos de Economía por dejar sin efecto la resolución del Consejo de la Magistratura. Enterado de lo que ocurría, el cacique Julio Piumato (de viaje en Brasil) tomó el teléfono y le ordenó a la tropa rebelarse: el jueves habrá paro y movilización frente a los tribunales, y en el interior los empleados abandonarán los expedientes para irse a sus casas.

El escándalo se desató por dos notas cuyas copias llegaron al despacho de los consejeros: una lleva la firma de Lavagna y está dirigida al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y la otra -del mismo tenor-es del secretario de Hacienda, Carlos Mosse, enviada al presidente de la Auditoría General de la Nación.

En su nota, Lavagna introduce a Fernández en el desacato de los consejeros al desconocer la acordada de la Corte Suprema y desistir de participar de las «gestiones que, por razones presupuestarias, fueran necesarias ante los otros poderes del gobierno nacional».

«Al respecto, es dable señalar que el artículo 3º inciso b de la Ley Nº 25.152 establece que, en el caso de comprometerse gastos presentes o futuros por encima de los autorizadosen la Ley de Presupuestosde la Administración Nacional, la Secretaría de Hacienda y la Auditoría General, en conocimiento de tal situación, informarán de inmediato a la Procuración General de la Nación para que promueva las acciones legales por violación al artículo 248 del Código Penal», apuntó. Esto es, que se investigue si los consejeros cometieron delito o si actuaron legalmente cuando concedieron la suba salarial. El gesto de Lavagna sólo consiguió inflar el pecho de los consejeros, que dicen estar dispuestos a ser procesados por hacer cumplir la Constitución y, aseguran, ratificarán el jueves su decisión de aumentar el sueldo a los 17 mil empleados judiciales y que impartirán a la administradora del Poder Judicial, Cristina Akmentis, la orden de liquidar la suba salarial.

Humberto Quiroga Lavie consideró que «el Poder Judicial se subordina como poder del Estado y fractura la esencia de la República, al pretender que sea el jefe de Gabinete quien autorice la disposición de los fondos».

Además, está convencido de que constitucionalmente es el Consejo de Jueces el que administra y la Corte la que juzga.

El grueso de los consejeros sostiene que no hubo ningún tipo de delito y lo explica del siguiente modo: de una disponibilidad de $ 500 millones de superávit «sólo se utilizó un tercio, es decir, 130 millones de pesos para salarios que no se ajustaban desde hace 11 años».

En el análisis, mezclado con política, no faltó la previsible chicana dirigida a Enrique Petracchi, presidente de la Corte Suprema. Algunos quieren votar el jueves cederle al máximo tribunal de Justicia la potestad de decidir sobre la suspensión o la ratificación del aumento salarial.

Los malvados comentarios de los consejeros insinuaban un arreglo de la Corte con Economía de 150 millones de pesos destinados a aumentar el salarios de los jueces y a terminar con los magistrados díscolos que se oponen al fallo pesificador «Bustos».