Si al pedido de captura internacional de varios funcionarios iraníes, que formuló ayer el fiscal Alberto Nisman como parte de sus investigaciones en la causa por el atentado terrorista contra la AMIA, se le aplicaran las mismas conjeturas conspirativas que suelen ser corrientes hoy para explicar muchos hechos de la vida pública, habría quienes concluirían fácilmente que el funcionario fue inducido por alguien para distraer a la opinión pública de episodios con gran carga negativa como los que se verificaron en San Vicente o en el Hospital Francés. Por no hablar del caso Blumberg, cuya sentencia se conoció exactamente ayer, igual que el pedido de Nisman.
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Por suerte la realidad es más lineal que las fantasías y es probable que ese complot no haya existido. De todos modos, entre las figuras más caracterizadas de la comunidad judía, tanto en el orden local como internacional, se conocía desde hace tiempo el informe a partir del cual Nisman apuntó a la cabeza del Estado iraní, haciéndolo responsable por la voladura de la AMIA. Entre los mismos dirigentes se lamentó siempre la demora del fiscal para tomar las medidas procesales que se derivarían de los datos obtenidos.
La acusación de ayer y el pedido de captura están alineados con las sucesivas visitas realizadas por funcionarios de la SIDE y por el propio fiscal a los Estados Unidos, más precisamente a los repositorios documentales de la CIA. La novedad de la gestión Nisman sería, según expertos en esta intrincada causa, la facilidad que encontró para que tanto la agencia norteamericana de inteligencia como la israelí, el Mossad, abrieran sus archivos para iluminar las pesquisas. Esa disposición se interpretó siempre como un gesto de confianza hacia el fiscal, hacia el personal de inteligencia que lo apuntaló y, también, como un éxito en las gestiones realizadas por la Embajada de Israel en Buenos Aires y por las autoridades de la AMIA, siempre alineadas con esa representación.
Esta carga de presión sobre los archivos sirvió, por ejemplo, para que espías argentinos y el propio fiscal indagaran en Detroit a los hermanos de Ibrahim Hussein Berro, el militante de Hizbollah al que se le adjudica haberse suicidado como chofer del coche bomba que estalló frente a la mutual judía. Hussein Berro se había estado entrenando hasta poco tiempo antes en el sur del Líbano. Su familia, radicada en Estados Unidos, ayudó a reconocerlo.
La existencia y el papel de Berro, igual que la identidad de los otros imputados a quienes se pidió ayer captura internacional, son informaciones derivadas del examen de infinidad de cruces telefónicos registrados por las agencias de espionaje norteamericana e israelí. Un material que fue puesto a disposición de los investigadores argentinos. Es cierto que el juez Juan José Galeano, a quien Nisman criticó después de haber coincidido con él en otros tiempos, ya había avanzado bastante en estas pistas. De hecho, pidió la indagatoria de varios de los diplomáticos señalados ayer por el fiscal, pero la Corte Suprema se negó a concederla. Fue en 1994, hace 12 años.
Por eso siempre generó mucha ansiedad en la comunidad judía la falta de velocidad de Nisman para dar el paso que se comunicó ayer. En sus conversaciones informales y privadas con directivos de la comunidad, la fiscalía siempre dio la misma excusa: habría una cuestión de prudencia política, el gobierno no querría romper con Hugo Chávez, que es aliado de Irán (países que acaban de crear un fondo común de 2.000 millones de dólares). Los directivos del Congreso Judío Mundial, la AMIA y otros agrupamientos judíos tomaron en cuenta esa explicación. Y le hicieron notar a Cristina Kirchner y a Jorge Taiana, durante el último viaje que realizaron a Nueva York, la enorme preocupación por una morosidad que, interpretaban ellos, se debía a una presión del gobierno.
Ayer se dio una respuesta positiva a aquellas inquietudes. El gobierno de Kirchner explicará esa conducta ante Chávez como una manifestación de la independencia del poder judicial argentino (no podría quejarse el bolivariano: se esperó para apuntar contra uno de sus aliados a que su candidatura en el Consejo de Seguridad hubiera naufragado). Quedan, de todos modos, cuestiones importantísimas por indagarse. Muchas de las cuales están en un grado cero, después de que se derribaran hipótesis anteriores. Por ejemplo, cuál fue la conexión local del atentado. Y, sobre todo, si quienes intervinieron en ella eran conscientes del objetivo que estaban facilitando.
Habrá que celebrar, entonces, el avance que se conoció ayer por más que sea desde el punto de vista operativo muy difícil de resolverse (a muchos de los imputados se los supone muertos o ejerciendo funciones en campos de entrenamiento terrorista en el interior inescrutable del Africa).
En noviembre del año pasado, acorralado por el fracaso de la Cumbre de las Américas, el gobierno lanzó al ruedo el nombre de Berro como un hallazgo de la investigación. Conviene, de todos modos, dejar de lado las conspiraciones y las casualidades. Por más que éstas se multipliquen. De hecho ayer Juan Carlos Blumberg denunció que en San Isidro, donde secuestraron y mataron a su hijo, siguen produciéndose los raptos de manera rutinaria. Si alguno de ellos se denunciara, la encargada de investigarlo sería Sandra Elizabeth Arroyo Salgado, aquella asesora de Jorge Yoma durante los años 90, que llegó a jueza federal con esta administración. En la vida privada, es la esposa del fiscal Nisman.
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