Juicio político a la Corte Suprema: el oficialismo impuso mayoría y se avaló el proceso de admisibilidad

El kirchnerismo podrá citar a testigos y pedir documentación. Juntos por el Cambio aprovechó la jugada oficialista de aprobar en conjunto las solicitudes y evitó las diferencias entre macristas y UCR versus la Coalición Cívica, que sí pretendía avanzar contra Ricardo Lorenzetti. Curiosa votación.

tensión. La titular de la Comisión de Juicio Político de Diputados, la oficialista Carolina Gaillard, no dio chances a la hora de discriminar los pedidos de Juicio Político y aglutinó al espectro antikirchnerista. El jefe del radicalismo, Mario Negri, dio una de las argumentaciones más fuertes. También lo hizo el titular del interbloque federal, Alejandro “Topo” Rodríguez.

En el marco de una reunión que duró más de siete horas y tuvo algunos momentos de tensión -por sus implicancias políticas y legislativas en el corto y mediano plazo-, el oficialismo de la comisión de Juicio Político de Diputados, que comanda la legisladora kirchnerista Carolina Gaillard (Entre Ríos), impuso ayer su mayoría en soledad -16 de 31 integrantes- para aprobar la admisibilidad de los pedidos de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia.

La semana próxima habrá un nuevo cónclave para organizar el trabajo, es decir, el cronograma de encuentros donde se requerirán solicitudes de documentación y de citación de testigos para exponer a los magistrados, ya que el trámite nunca conseguirá los dos tercios en el recinto de la Cámara baja, paso obligatorio para que la acusación tome forma y se traslade al Senado.

El encuentro de ayer casi deriva en papelón cuando mediaba la reunión, momento en el que la comisión votó la admisibilidad de los pedidos de juicio político. Se avalaron todos en paquete, con 16 voluntades a favor y 15 en contra, y no hubo discriminación de las solicitudes. Esto aglutinó a la oposición, ya que la Coalición Cívica pretendía avanzar en su guerra contra el juez Ricardo Lorenzetti. En realidad, dicho número ya se conocía de antemano, como contó Ámbito semanas atrás. Sin embargo, el secretario de la comisión dio esa cifra tras pedir el voto a viva voz de cada integrante, excepto que le faltó el del legislador cristinista Juan Manuel Pedrini. Tras ello, se repitió el mismo resultado, lo que generó risas en la oposición.

La resolución votada apunta contra la Corte por la sentencia -el amparo- sobre coparticipación a favor de la Capital Federal; por haber restituido una ley derogada del Consejo de la Magistratura; por querer aplicar la ley del 2 x 1 en un caso de lesa humanidad; y por desmanejos en la obra social judicial. El tema de analizar las sentencias generó rispideces entre oficialismo y oposición, y el kirchnerismo usó como ejemplo para defenderse a la referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. Otros apuntaron, en un intento de claridad, al prevaricato.

El inicio del encuentro fue problemático. El Frente de Todos debía ocupar una representación en las autoridades de la comisión y propuso al riojano Jorge Herrera, quien reemplazó a la hoy ministra Victoria Tolosa Paz. Previo a la votación, el diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, solicitó al candidato que expusiera sobre diversas situaciones que se dieron en la provincia que gobierna el kirchnerista Ricardo Quintela, quien busca un lavado de imagen mediática. No se le respondió al opositor.

Luego, y en un razonamiento muy claro, el titular del interbloque federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, objetó votar una resolución que se conocía 48 minutos antes de la reunión. El Frente de Todos tampoco hizo caso al planteo. López aprovechó también para mencionar a senadores como José Mayans -jefe del cristinismo en la Cámara alta- y al exlegislador y actual gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, como votos que aportaron para las designaciones de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti en la Corte.

Ya en la discusión de fondo, el presidente del radicalismo en la Cámara baja, Mario Negri, recordó: “La comisión tiene más de 30 pedidos de proyectos de juicio político, de los cuales 15 son contra el presidente y la vicepresidenta. Esperemos que cuando solicitamos que se traten estos proyectos contra Alberto Fernández y Cristina Kirchner, se use este sistema que aplican contra la Corte Suprema. Esperemos que no usen el mismo mecanismo que se usó en 2014, cuando se rechazó en nueve minutos el juicio político al -entonces- vicepresidente Amado Boudou”.

“Lo único que propiciamos es la apertura de una investigación con la posibilidad de la presentación de la prueba y los involucrados y, al cabo de ese procedimiento, tomar una decisión. Arranca una etapa de prueba de sumario, y lo haremos en virtud del reglamento de la comisión y podremos agregar todos los elementos que permitan dilucidar los distintos hechos denunciados”, reflexionó por su parte el titular del kirchnerismo en Diputados, Germán Martínez.

Días atrás, la exdetenida y torturada por la dictadura militar Patricia Isasa contó cuando quiso advertir -sin éxito- a Rosatti, durante su época de intendente de la ciudad santafesina de Rosario, que tenía como empleado al represor Eduardo Ramos. Ayer, Negri contó que, en realidad, la situación no sólo no tenía relación con lo que se debatía en ese momento en la Cámara baja, sino que el entonces intendente Rosatti sí inició un sumario administrativo para realizar averiguaciones sobre el denunciado.

Resolución

“Los 14 pedidos promovidos acumulan más de 60 hechos que configurarían las causales habilitadas por la Constitución Nacional de mal desempeño y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y que -de ser probados- resultarían en gravísimas violaciones institucionales”, apunta el texto empujado por el Frente de Todos.

El escrito indica también que “el tenor de las denuncias -de ser probadas- serían el preludio de una situación de extrema gravedad institucional que implica la ruptura de la armonía que debe asegurar dentro de un Estado Federal y un régimen republicano y democrático”.