La Corte Suprema encendió ayer una luz de alarma en el macrismo al anular la intervención que la gestión de Cambiemos había resuelto sobre un gremio clave, parte de una mecánica que aplicó en una docena de organizaciones obreras. Lo hizo respecto del nombramiento de un delegado normalizador en la Unión del Personal de Seguridad (Upsra) que desplazó en 2016 a la conducción a cargo de Ángel García y puso en su lugar a dirigentes que respondían a su exaliado y actual rival principal, el gastronómico Luis Barrionuevo.
El fallo, firmado en concordancia por los cuatro cortesanos, representa un espaldarazo para la autonomía de los sindicatos y le pone un límite a la actuación del Poder Ejecutivo en la vida interna de esas organizaciones. En ese sentido implica un llamado de atención para los planes enunciados por la oposición en un eventual nuevo gobierno de retomar sus intentos de reforma laboral integral y de reformulación del poderío de las organizaciones gremiales.
El máximo tribunal se pronunció sobre dos causas que corrieron en paralelo: una, sobre la validez de la intervención administrativa resuelta en 2016 por el Ministerio de Trabajo cuando estaba al frente de esa cartera Jorge Triaca; la otra, respecto de la legalidad del proceso electoral que había lanzado ese año García, y de una asamblea que poco después prorrogó su mandato. En ambos casos la cartera laboral había tomado resoluciones contrarias a García, quien acudió primero a la Justicia laboral y luego a la Corte con el patrocinio del abogado laboralista Gustavo Ciampa.
El límite puesto por los jueces a la actuación del Poder Ejecutivo en los gremios queda de manifiesto en el fallo: “las facultades otorgadas al Ministerio de Trabajo por (...) la ley 23.551 (de Asociaciones Sindicales) deben interpretarse de modo restrictivo, mediante un escrutinio estricto sobre la configuración de las circunstancias a las que alude la ley”. Y apunta que la cartera laboral, en lugar de designar un “delegado electoral” que eventualmente pudiera velar por la transparencia del proceso de designación de autoridades, optó por designar a un delegado normalizador “con facultades ejecutivas y administrativas” sobre la organización.
En la gestión de Macri fueron intervenidos una docena de sindicatos. Entre ellos, la Upsra, el de marítimos (SOMU), el de Canillitas, la Asociación de Personal de Dirección de Ferrocarriles (Apdfa) y el de trabajadores de la industria del azúcar. Como regla general aquel gobierno se valió de jueces federales que actuaron en paralelo y por encima de las decisiones de sus pares del fuero laboral, en teoría el de entendimiento natural en la materia. En este caso fue el juez federal Ariel Lijo quien le dio basamento legal al desplazamiento de García.
La intervención del macrismo tuvo dos escenarios: el sindicato y la obra social (Ospsip), en ambos casos con la ubicación de referentes que respondían a Luis Barrionuevo y a su histórico socio político Enrique “Coti” Nosiglia. El fallo de la Corte refirió puntualmente a la intervención del gremio, que hasta ayer mantenía al frente al líder opositor Leónidas Requelme García, apadrinado por el dirigente gastronómico. En tanto que la de la obra social continuará al menos hasta junio.
El sindicato cuenta con unos 12 mil afiliados en todo el país y Ospsip atiende a cerca de 50 mil personas, a pesar de que oficialismo y oposición se encargan de agrandar esos números. Se trata, sin embargo, de una organización con ribetes estratégicos por contar en sus filas a exintegrantes de las fuerzas de seguridad y estar ligada a los servicios de inteligencia.
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