Javier Milei envió al Congreso un proyecto de “ley ómnibus” que se propone avanzar en la reforma del Estado pero que alcanza múltiples aristas lo que lo convierte en el más ambicioso proyecto por la amplitud de materias abarcadas a lo largo de las 350 carillas como por el impacto en cuestiones políticas, económicas, previsionales, sociales, judiciales, tributarias, de seguridad, defensa, sanitaria y de organización electoral. Pero incluyen cuestiones ambientales, vinculares y hasta de relacionamiento.
En lo principal, se declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Dicho plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de dos años.
Delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo en las materias a las que se declaró en emergencia, en lo que parece ser el tramo más controversial a la luz del Artículo 29 de la Constitución que impide delegar facultades extraordinarias o la suma del poder público. Aunque, de hecho, son dos materias menos que las que solicitó el expresidente Alberto Fernández durante la Pandemia.
De todas formas, el proyecto anticipa una fuerte discusión en el Congreso porque desregula y contiene cerca de 644 ítems y artículos. Se activarán las negociaciones.
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