Evo Morales habló ayer ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, ocasión en la que aseguró que la DEA "no volverá (a Bolivia) mientras sea presidente". Sin embargo, dijo que las relaciones pueden mejorar cuando asuma Barack Obama.
La Paz (EFE, AFP, DPA) - Al menos dos personas murieron y varias resultaron heridas luego de ser quemadas y flageladas por un turba en Bolivia, informaron ayer medios locales. En enero próximo, el país votará un referendo sobre la nueva Constitución que incluye un artículo que avala la «justicia comunitaria» -práctica utilizada por los responsables de los linchamientos del fin de semana-, pero limitada a las comunidades indígenas y que evita competencias con la justicia ordinaria.
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Los habitantes de Achacachi, un feudo de los «Ponchos rojos», una milicia radicales indigenistas aimaras afines al presidente Evo Morales, atraparon a 11 personas (seis hombres y cinco mujeres) mientras estaban llevando a cabo robos en la comunidad.
La Policía y los medios de comunicación que llegaron al lugar, situado a 100 kilómetros de La Paz, confirmaron la muerte por linchamiento de dos personas, mientras que el resto de las víctimas de la turba fueron internadas en una clínica paceña.
Torturas
Según las fuentes, los vecinos de Achacachi trasladaron a los presuntos ladrones al estadio de fútbol de la localidad, donde los golpearon durante horas, los rociaron con combustible y los quemaron hasta acabar con la vida de dos de ellos.
Los efectivos, tras negociar con los vecinos, rescataron al resto de las personas y las trasladaron a La Paz. Según un vocero de la fuerza, los autores del linchamiento eran «más de 2.000 personas», por lo que va a ser complicado establecer las responsabilidades individuales.
Por su parte, el viceministro de Gobierno (Interior), Rubén Gamarra, confirmó que nueve fueron entregados a la Policía, poco después de que el alcalde, Eugenio Rojas, también miembro de los «Ponchos rojos», convenciera a sus vecinos de que pararan el linchamiento.
Gamarra calificó los hechos, en declaraciones a radio Erbol, de «una reacción de la población en virtud de que tienen desconfianza de la acción del Ministerio Público y de la Justicia». «Sin embargo, la Policía garantiza que estas personas serán puestas a disposición de las autoridades competentes», señaló el funcionario, que aseguró que hará «el seguimiento necesario hasta su procesamiento y la sanción respectiva».
El viceministro, además, convocó a los vecinos de Achacachi a «deponer las actitudes violencia» y advirtió que «la justicia por mano propia no es la justicia comunitaria». Radio Fides informó que una unidad militar que tiene su cuartel cerca de la localidad intentó evitar el linchamiento, pero los achacacheños lo impidieron y ni siquiera le permitieron acercarse a los 11 sospechosos.
El linchamiento de los delincuentes sorprendidos «in fraganti» es una práctica habitual en la región andina boliviana, que reivindican los indígenas como una forma de «justicia comunitaria», aunque incluso el gobierno de Morales la rechaza.
Constitución
En octubre pasado, el mandatario izquierdista dio un paso al costado en varias de sus propuestas constitucionales, fuertemente resistidas por la oposición. En un principio, Morales impulsaba la creación de un nuevo Poder Judicial paralelo que se encargaría de impartir «justicia comunitaria» en los pueblos indígenas, en un nivel similar al de la ordinaria.
En este sistema, que sería obligatorio para campesinos y pueblos originarios, no contemplaba ningún tipo de supervisión a estas prácticas por parte del Estado desconociendo principios elementales como el derecho a la vida, a la integridad física y al debido proceso, un punto polémico para un gobierno que se muestra como abanderado de los derechos humanos.
Finalmente, tras maratónicas negociaciones con los miembros de la oposición, la justicia comunitaria quedó como una competencia de administración de las autonomías indígenas por un lado, sólo aplicable a los miembros de la comunidad aborigen.
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