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Varios oficiales y policías del DP-1 (Distrito Policial 1) se acuartelaron en su unidad, ayer a la tarde, luego de que el cabo Rogelio Mendoza Aliaga se declaró en huelga de hambre, como medida de protesta por la falta de pago del bono de seguridad, la falta de dotación de víveres y por los cambios de destino, a lo que se sumó el rechazo al documento del secretario general de la OEA, César Gaviria.
El documento de la OEA responsabilizó a la Policía por el enfrentamiento con civiles y efectivos militares que dejaron el 12 de febrero 34 muertos y 200 heridos, mientras que eximió de culpas al Ejército.
Frente a esa situación, el general Edgar Pardo se reunió con los efectivos policiales acuartelados y del Grupo Especial de Seguridad (GES).
En el encuentro se determinó, en un principio, declarar un cuarto intermedio para tratar las demandas.
Asimismo, algunos oficiales pidieron la renuncia del Comandante General de la Policía, informó el periódico El Diario de La Paz.
La nueva insubordinación policial fue considerada por el Gobierno como un asunto de seguridad nacional, por lo que el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada convocó anoche a su gabinete político y al vicepresidente, Carlos Mesa, a una reunión de urgencia en el Palacio de Gobierno.
Horas más tarde, el primer mandatario, a través del ministro de Gobierno, Yerko Kukoc, el vocero de la Presidencia, Mauricio Antezana, y el general Edgar Pardo, advirtió que no permitirá una nueva insubordinación en las filas "verde olivo", como la ocurrida en el Distrito Policial 1.
Este hecho fue atribuido por los voceros oficiales a algunos policías, entre ellos el mayor David Vargas, que están interesados en desestabilizar la actual gestión presidencial.
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