Túnez (EFE, AFP, Reuters, ANSA) - La Justicia libia anulóayer la condena a muerte impuesta a cinco enfermeras búlgaras y a un médico acusados de infectar de HIV a 438 niños, y les cambió la pena por la de prisión perpetua.
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Esta decisión puso fin al calvario de ocho años que vivieron los especialistas desde que habían sido detenidos el 16 de febrero de 1999. Sin embargo, todavía queda por determinar el procedimiento que se seguirá para que las enfermeras y el médico palestino -nacionalizado búlgaro- puedan ser extraditados a Sofía, en virtud del tratado de extradición que firmaron ambos gobiernos.
Medios diplomáticos occidentales en Trípoli que siguieron el caso informaron que el detonante de la decisión del Alto Consejo de Justicia (ACJ) se produjo cuando las familias de los niños anunciaron que dejaban de reclamar la ejecución de las penas capitales tras recibir, cada una, una indemnización de millón de dólares. El logro se produjo gracias a la mediación llevada a cabo por la fundación humanitaria Gadafi.
El pago de la llamada «deuda de sangre» facilitó la revocación de las penas de muerte, y las enfermeras Kristiana Valtcheva, Nasia Nenova, Valentina Siropulo, Valia Tcherveniachka y Snejana Dimitrova, y el médico Achraf Yumaa esperan ahora poder abandonar Libia.
Los especialistas habían sido procesados en dos ocasiones y condenados a la pena capital por tribunales ordinarios, pese a los testimonios de varios expertos médicos que atestiguaron que la contaminación de los niños obedecía a las deficientes condiciones sanitarias del hospital de la ciudad de Bengasi.
En diciembre de 2005, la Corte Suprema aceptó la revisión del caso, pero en el juicio celebrado en diciembre del año siguiente se confirmaron las penas de muerte. El 11 de este mes, la Corte dictaminó en el proceso en apelación formulado por la defensa y volvió a ratificar las condenas.
El único recurso que les quedaba a los procesados era el ACJ, un organismo que depende del Ministerio de Justicia y atiende a consideraciones políticas, con capacidad para confirmar, revocar o modificar las condenas de la Corte.
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