La tragedia del
supermercado
Ycuá Bolaños
dejó casi 400
muertos en
2004. Indignados
por la débil
condena a los
dueños del
local, cientos de
familiares de las
víctimas llevaron
su furia a las
calles de
Asunción. El
desborde fue
tan grave que el
gobierno pensó
en ordenar la
intervención de
las FF.AA.
Asunción (EFE, Reuters, ANSA, AFP) - Decenas de heridos, una cantidad no determinada de detenidos y grandes destrozos dejaron ayer en Asunción los disturbios protagonizados por sobrevivientes y familiares de las víctimas de un trágico incendio en un supermercado, disconformes con el resultado del juicio a sus propietarios.
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Al menos 40 personas resultaron heridas en los enfrentamientos con la Policía, que comenzaron en el polideportivo militar en el que el tribunal dictó sentencia en el juicio por el incendio registrado en 2004 en el supermercado Ycuá Bolaños, donde perdieron la vida más de 364 personas y centenares resultaron heridas. La situación se asemeja de alguna manera a las protestas en la Argentina por el caso Cromañón o, más recientemente, a los incidentes en Corral de Bustos por la violación y muerte de una niña.
El tribunal declaró culpables al propietario del supermercado, Juan Pío Paiva, a su hijo Víctor Daniel Paiva y al guardia Daniel Areco del delito de « homicidio culposo», castigado con un máximo de cinco años de cárcel, insuficiente para los deudos de las víctimas del siniestro. Incluso en un principio se había acusado a los propietarios de haber cerrado las puertas.
Entre los heridos en los enfrentamientos, además de policías, se encuentran el cantante de música popular Ricardo Flecha, el reportero gráfico Carlos Juri, del diario asunceño «La Nación», y el coordinador de la Asociación de Víctimas del Ycuá Bolaños, Roberto Almirón, quien perdió a un hijo en el incendio.
Pese a que la fiscalía había solicitado una condena por «homicidio doloso», que conlleva una pena máxima de 25 años, los jueces María Doddy Báez, Manuel Aguirre y Elio Ovelar, con un voto en disidencia de la primera, decidieron una tipificación más leve.
El fallo provocó la airada reacción de las víctimas y familiares presentes, quienes arrojaron muebles, matafuegos y todo tipo de objetos contra los policías que resguardaban el lugar en donde se desarrollaba el juicio. Los magistrados suspendieron la lectura de la sentencia y ordenaron protección para los condenados.
A los gritos de «asesinos, asesinos», unas 300 personas de organizaciones que agrupan a las víctimas y familiares del incendio amenazaron con « hacer justicia por mano propia» y acusaron a los miembros del tribunal de haber sido sobornados por los acusados.
«Vamos a quemar el supermercado Ycuá Bolaños y vamosa perseguir a estos jueces.Venganza, no nos queda otra», dijo uno de los sobrevivientes del siniestro, Blas Cristaldo.
Posteriormente, los manifestantes se trasladaron hasta otra zona de la capital, donde opera la principal sucursal de la sociedad comercial del Ycuá Bolaños, que fue saqueada.
Antes de forzar las puertas y portones del local comercial, la turba se enfrentó a agentes antidisturbios y de la Policía Nacional que utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma y chorros de agua para dispersarlos.
Los manifestantes, provistos de piedras, palos y pedazos de concreto arrancados de las aceras,hicieron retroceder a un cordón de agentes que trató de impedir con gases, chorros de agua y balas de goma de que llegasen al establecimiento.
En la refriega fue dañado un vehículo policial e incendiado un automóvil particular.
Mientras los agentes de choque replegaban a los manifestantes con gases y balas de goma, otros agentes, según se pudo ver en televisión, trataban de dispersarlos con piedras.
El presidente Nicanor Duarte Frutos negó anoche versiones de que declararía el «estado de excepción» en el país y descartó «por ahora» la intervención de las Fuerzas Armadas para restablecer el orden. Ante la gravedad de la situación, dijo que el fallo debe reverse y hasta sugirió que podría realizarse un nuevo juicio.
Los manifestantes dirigieron sus iras también contra el mandatario, cuya renuncia exigieron, y contra la Corte Suprema.
El ministro del Interior, Rogelio Benítez, anunció que tomarán las medidas necesarias «para restablecer la seguridad y el orden» y denunció la presencia de infiltrados.
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