La Constitución de 1978 reserva el derecho de convocar a un referéndum al poder central de Madrid.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) también rechazó el plan Ibarretxe, pero estimó que la reforma del Código Penal provocará más tensión en el País Vasco y «criminaliza la vida política».
Aunque la violencia de ETA disminuyó en los últimos dos años, a raíz de una contundente ofensiva policial y judicial impulsada por el gobierno nacional, la tensión en muchas ciudades vascas se mantuvo y el problema político continúa latente.
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