Diputado propio acusa a Bolsonaro de esconder la corrupción en su gobierno

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"Bolsonaro me dijo: 'otra vez Barros metido en estas cosas'", relató el diputado Luis Miranda.

El diputado bolsonarista Luis Miranda ratificó que el líder oficialista en el Congreso, Ricardo Barros, dominaba los contratos tercerizados para la compra de vacunas indias Covaxin con sobreprecios de 1.000 por ciento, y aseguró que el presidente, Jair Bolsonaro, estaba al tanto de estas maniobras.

"Bolsonaro me dijo: 'otra vez Barros metido en estas cosas'", relató el diputado Luis Miranda, del derechista Demócratas, al ampliar a la prensa su declaración del viernes ante la comisión del Senado que investiga la gestión de la pandemia que hizo el Gobierno de Brasil.

De esta forma, Bolsonaro quedó hoy más salpicado en el escándalo de corrupción en el Ministerio de Salud, según Miranda, que agregó que el mandatario no cumplió con la promesa que hizo en marzo ante la Comisión Investigadora de denunciar la red de corrupción y sobreprecios en la compra de vacunas contra la Covid-19 ante la Policía Federal.

Es por eso que el vicepresidente de la comisión del Senado, Randolphe Rodrigues, esta semana denunciará a Bolsonaro por prevaricación (saber un delito siendo autoridad y no denunciarlo) ante el fiscal general, Augusto Aras.

Aras fue nombrado en su cargo por el Presidente y es considerado un protector del jefe del Estado.

El caso que puso contra las cuerdas al bolsonarismo se basa en el descubrimiento de un contrato firmado con una empresa tercerizada vinculada al diputado Barros para comprar 20 millones de dosis de Covaxin por 15 dólares la unidad, más de 1.000 por ciento del valor original.

La compra no se concretó porque fue bloqueada por funcionarios de carrera del Ministerio de Salud, entre ellos el responsable por las importaciones de remedios, justamente el hermano del diputado Miranda, un técnico.

La vacuna Covaxin, al contrario de las otras, tuvo su contrato confeccionado en tiempo récord pese a que la vacuna india aún no fue aprobada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).

Barros es del PP (Partido Progresista, derecha) y fue ministro de Salud entre 2016 y 2018, durante el gobierno de Michel Temer: su poder de cabildeo para la industria de medicamentos lo llevó a montar un poder paralelo que convive con los militares puestos por Bolsonaro en la cartera sanitaria.

Miranda amplió este lunes a Folha de Sao Paulo sus denuncias y dijo que la corrupción en el Ministerio de Salud también estaba vinculada la importación de test de Covid. Dejó entrever que habrían grabado al presidente Bolsonaro durante la reunión.

El escándalo puede abrir una herida en la coalición oficialista, ya que el PP es el principal partido del "Centrao", el bloque parlamentario que es aliado de Bolsonaro y que funciona como un dique de contención de los más de 120 pedidos de juicio político en su contra por genocidio sanitario y otros delitos contra la salud pública.

Es en ese marco que las autoridades de la Comisión Parlamentaria de Investigación que lleva adelante el Senado buscan ampliar las investigaciones sobre Barros.

A raíz de este escándalo, la oposición aceleró los tiempos y convocó para el próximo sábado, 3 de julio, la marcha que planeaba hacer el 24 de ese mes para pedir la renuncia del Presidente, cuya popularidad cayó a su piso histórico.

Un sondeo de la encuestadora Ipec, integrada por los exdirectivos de Ibope, reveló la semana pasada que Bolsonaro perdería por 49 contra 23 por ciento si disputara el gobierno con el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Es por eso que Bolsonaro, el sábado en Santa Catarina, lanzó todo su arsenal del discurso de ultraderecha: anunció que habrá fraude en las elecciones de 2022 si es que gana Lula y que "apenas Dios" lo sacará del cargo.

La base parlamentaria del Gobierno está comandada por el PP de Barros, al que pertenece el titular de Diputados, Arthur Lira, sobre quien llueven presiones para que rompa con el oficialismo.

Desde el fin de la dictadura, en 1985, dos presidentes fueron removidos por juicio político, en 1990 Fernando Collor de Mello, hoy senador bolsonarista, y en 2016 Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula.

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