Bogotá (AFP, EFE) - En siete semanas, Fernando Araujo Perdomo pasó de ser uno de los 58 rehenes que la guerrilla de las FARC buscaba canjear por rebeldes presos, a ser el canciller de Colombia, posición desde donde tendrá que defender el rescate de los miles de secuestrados.
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El 31 de diciembre, en medio de un operativo militar, este ingeniero de 51 años logró escapar de una columna de esa guerrilla marxista que lo secuestró en 2000, cuando trotaba por una calle de su ciudad natal, Cartagena.
Tras regresar a la libertad demacrado, con incipiente barba y la piel curtida por el sol, Araujo narró que para escapar de las FARC caminó cinco días, sin agua ni alimentos, antes de dar con una patrulla militar que lo sacó de la zona tras seis años de cautiverio en la selva.
«Cuando me doy cuenta de que los helicópteros que rodean el campamento vienen a atacar y comienzan a disparar, yo digo: o me voy, o me matan», había dicho en una conferencia de prensa tras su fuga, en la que anunció que iba a tomarse un largo descanso con sus dos hijos para recuperar el tiempo perdido.
Pero el lunes el presidente Alvaro Uribe deshizo el deseo del ex rehén, al anunciar que reemplazará a María Consuelo Araujo -quien no tiene parentesco con su sucesor-en el Ministerio de Relaciones Exteriores, luego de que dimitiera presionada por las investigaciones judiciales contra su familia por nexos de políticos con grupos de ultraderecha.
El nuevo canciller colombiano, un ingeniero civil de profesión, había ocupado el Ministerio de Desarrollo en el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), su amigo personal y con quien admitió haber consultado su nueva designación.
Araújo cree que podrá utilizar en su cargo su experiencia como secuestrado, un flagelo que según estimaciones de la fundación privada País Libre afecta a 3.177 colombianos que permanecen cautivos por delincuentes comunes, paramilitares de ultraderecha o guerrilleros.
De esos miles de secuestrados, un grupo de 57, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, tres estadounidenses y decenas de políticos, militares y policías son considerados por las FARC como «canjeables» por unos 500 rebeldes presos.
