El presidente colombiano, Alvaro Uribe, visitó el martes a la noche a Clara Rojas (cuarta desde la izquierda) y a su hijo Emmanuel (de espaldas en primer plano), así como a Consuelo González, ex rehenes de las FARC. «El presidente saludó a las recién liberadas y les expresó su solidaridad y su alegría porque se encuentren, de nuevo, rodeadas de sus familias», dijo un comunicado oficial.
Bogotá y Managua (EFE, DPA, AFP) - Los gobiernos de Colombia y de Venezuela se cruzaron ayer con duras acusaciones, después de que la administración de Alvaro Uribe anunció que elevará una protesta formal por la pretensión de Hugo Chávez de que la comunidad internacional deje de considerar terroristas a las FARC, lo que fue respondido con un agresivo ataque personal por el mandatario venezolano.
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El alto comisionado para la paz del gobierno colombiano, Luis Carlos Restrepo, declaró que la idea de Chávez de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) supone «una injerencia en los asuntos internos de Colombia».
«Somos un Estado soberano y lo que le pedimos al mundo no es complacencia con los terroristas», manifestó Restrepo.
Restrepo dijo que la nota de protesta se enviará al canciller venezolano, Nicolás Maduro, ya que Bogotá considera que Chávez desconoció normas de la ONU y de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la no injerencia de los países miembros en asuntos de otros Estados.
La respuesta del presidente de Venezuela no tardó. «Si el gobierno de Colombia me acusa a mí de violar la Carta de la OEA, yo lo acuso de ser un instrumento y una amenaza contra la integración y la paz de nuestros pueblos», afirmó.
«El gobierno que tiene Colombia lamentablemente no quiere la paz», dijo Chávez, que concluyó en Managua una gira por Centroamérica al frente de una comitiva en la cual incluyó a la senadora opositora colombiana Piedad Córdoba.
«Que sigan mandando las notas que quieran, pero nosotros seguiremos insistiendo: en Colombia hay que buscar la paz, ya basta de guerra en Colombia», afirmó tras acusar a su colega Uribe de estar « alineado con la política del imperio».
«Uribe hace lo que diga (George W.) Bush, y Bush quiere guerra, por lo tanto Uribe quiere guerra», añadió.
Chávez dijo que él propuso reconocerle «beligerancia» a la guerrilla colombiana, pero «eso no significa que estemos de acuerdo con todo lo que hacen las FARC», como los secuestros.
Luego fue más allá. «En Bogotá hay oficiales militares estadounidenses y colombianos conspirando para matarme, para comenzar un conflicto armado entre Colombia y Venezuela», disparó. Mientras, ajena a la polémica, la Iglesia avanza en la búsqueda de una solución concreta para los rehenes, que -tal como quedó expuesto en las cartas y fotos enviadas por ocho de ellos a través de la ex cautiva Consuelo González- sufren un indescriptible tormento físico y psicológico.
La Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) presentó a las FARC una propuesta de «zona de encuentro» para negociar, según reveló el presidente de la CEC, el arzobispo de Tunja, Luis Augusto Castro, quien el mes pasado obtuvo el respaldo de Uribe a una iniciativa para encontrar una sede de negociación.
Al mismo tiempo, Uribe dijo ayer que está dispuesto a que se cree una comisión humanitaria para tratar de prestar asistencia médica a los secuestrados.
El presidente aceptó el pasado 7 de diciembre el establecimiento de una «zona de encuentro» en la que su gobierno y las FARC puedan acordar el canje de 44 cautivos por unos 500 rebeldes presos. La zona «debe ser de alrededor de 150 kilómetros cuadrados, en zona rural, donde no haya puestos militares ni policiales que sea necesario remover, preferiblemente sin población civil o con muy poca población», según las condiciones impuestas entonces por el gobernante.
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