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Brasilia - Un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF, corte suprema) le asestó ayer un severo revés al presidente Jair Bolsonaro al suspender la designación del comisario y jefe de los servicios de inteligencia, Alexandre Ramagem, como director de la Policía Federal (PF).
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La decisión fue adoptada por el juez Alexandre de Moraes y se basa en la sospecha de que el mandatario buscaría interferir en investigaciones sobre su familia y su entorno que están bajo secreto de sumario. Se abre así un nuevo choque institucional en el jefe de Estado, que el viernes pasado echó al anterior jefe de la Policía Federal, Mauricio Valeixo, y desencadenó la renuncia del ministro Sergio Moro a la cartera de Justicia y Seguridad Pública.
La acción judicial contra la asunción del comisario Ramagem, un amigo personal de Carlos Bolsonaro, hijo concejal del presidente y quien se encuentra bajo investigación, había sido presentada por el Partido Democrático Laborista (PDT), del excandidato presidencial Ciro Gomes.
El juez De Moraes sostuvo que es posible que el presidente haya incurrido en un “desvío de finalidad” al nombrar a Ramagem, desobedeciendo “los principios constitucionales de impersonalidad, moralidad e interés público”.
Para ello puso como ejemplo la declaración de Moro de que Bolsonaro quería tener acceso directo a expedientes e investigaciones pedidos por la justicia a la Policía Federal.
Al ser cuestionado por un internauta sobre el nombramiento de un hombre tan cercano a su círculo familiar para el cargo de jefe de la PF, Bolsonaro retrucó: “¿Y qué? Conocía a Ramagem desde antes de conocer a mis hijos. ¿Por eso debe ser vetado? ¿Debo escoger al amigo de quién?”.
Entre las investigaciones a cargo de la PF que preocupan a Bolsonaro, según la prensa local, figura una abierta en marzo de 2019, que investiga campañas de noticias falsas para amenazar o calumniar a jueces del STF que contrariaron proyectos del jefe de Estado.
De acuerdo con el periódico Folha de S. Paulo, que cita fuentes policiales, Carlos Bolsonaro, hijo del presidente, sería uno de los articuladores de dicho esquema a través de la llamada “oficina del odio”.
Ramagem es agente de la PF desde 2005. Se aproximó a Bolsonaro en 2018, como jefe del equipo de seguridad del entonces candidato después de que este fuera apuñalado durante un acto de campaña. Luego fue asesor de confianza en la Secretaría de Gobierno y a mediados de 2019 fue designado jefe de Inteligencia.
En tanto, otro ministro del Supremo, Celso de Mello, en tanto, ordenó investigar las acusaciones de Moro contra el presidente por su supuesta interferencia en investigaciones policiales.
El juez dio un plazo de 60 días a la Policía Federal para que interrogue a Moro, un exjuez identificado con la lucha contra la corrupción, sobre sus explosivas acusaciones tras dimitir el pasado viernes del gobierno.
Las conclusiones, que deben ser entregadas al procurador general de la República, Augusto Aras, pueden abrir el camino a un pedido de juicio contra el presidente o a una acusación por falso testimonio contra Moro.
Según Celso de Mello, “los crímenes supuestamente practicados por el señor Presidente de la República” parecen tener “íntima conexión con el ejercicio del mandato presidencial”, lo que permite la investigación del mandatario.
El documento enumera siete posibles delitos cometidos por Bolsonaro, entre ellos prevaricato y obstrucción a la justicia.
En caso de que el fiscal Aras encuentre elementos que respalden una denuncia formal contra Bolsonaro por delitos comunes, corresponderá a la Cámara de Diputados autorizar que la investigación sea llevada a cabo por el STF, con la separación del mandatario del cargo por lo menos hasta que se emita el fallo.
Este procedimiento difiere del impeachment (considerado un juicio político por “crímenes de responsabilidad” en el cumplimiento de sus funciones), que aprueba la Cámara de Diputados pero que lleva a cabo el Senado, tal como ocurrió con la destitución de la izquierdista Dilma Rousseff en 2016.
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