La ministra de Comercio colombiana, Diana Marcela Morales, anunció la medida como respuesta simétrica a la suba arancelaria decretada por el gobierno de Daniel Noboa, con vigencia desde el 1° de mayo; exportadores de ambos países piden desescalar el conflicto.
La medida se produce en un contexto de creciente tensión bilateral que excede lo estrictamente comercial y abarca diferencias políticas.
La ministra de Comercio colombiana, Diana Marcela Morales, anunció que el país subirá sus aranceles a las importaciones ecuatorianas del 30% al 100%, en respuesta directa a la medida adoptada por el gobierno de Daniel Noboa, que días antes había elevado los gravámenes a los productos colombianos al mismo porcentaje, con entrada en vigor el 1° de mayo. La decisión profundizó una escalada comercial entre ambos países vecinos que se extiende desde comienzos de año.
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El gobierno colombiano aseguró haber agotado todos los canales diplomáticos antes de tomar la decisión, pero ante la falta de respuesta positiva de Quito optó por nivelar la tarifa para restablecer, según Bogotá, las condiciones equitativas en el intercambio comercial entre ambos países. La medida se produce en un contexto de creciente tensión bilateral que excede lo estrictamente comercial y abarca diferencias políticas y de seguridad fronteriza.
El último detonante fue la calificación del presidente Gustavo Petro del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas como "preso político", declaración que Noboa interpretó como un atentado contra la soberanía de su país. A ese episodio se sumaron los comentarios de Petro sobre un presunto ataque ecuatoriano en territorio colombiano, que Quito rechazó categóricamente, y la posibilidad deslizada por el mandatario colombiano de retirarse de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
El secretario general de la Comunidad Andina, Gonzalo Gutiérrez, lanzó un llamado urgente a ambos presidentes para que retomen el diálogo directo a la mayor brevedad posible. Gutiérrez advirtió que estas medidas tienen efectos directos sobre el bienestar de los ciudadanos, el tejido empresarial y las economías familiares de ambos países, además de poner en riesgo 57 años de integración subregional.
En paralelo, Colombia ya presentó una demanda contra Ecuador ante la CAN, argumentando que los aranceles impuestos por Quito violan el Acuerdo de Cartagena de 1969, que es el tratado fundacional del bloque andino y prohíbe este tipo de barreras comerciales entre los países miembros.
Desde el sector privado, la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) hizo un llamado urgente a ambos gobiernos para desescalar las medidas antes de que el daño sea irreversible, y recordó que Colombia y Ecuador han construido una de las relaciones de integración comercial más relevantes de la región, sostenida por cadenas logísticas compartidas y un intercambio permanente que genera empleo e inversiones a ambos lados de la frontera. La Fedexpor fue enfática al señalar que las diferencias políticas no pueden comprometer casi seis décadas de integración económica consolidada, y reclamó tomar el marco comunitario andino como punto de partida para resolver las diferencias.
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