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La sentencia "no será pronunciada hoy (jueves), sino mañana viernes o tal vez después", afirmó el presidente de la corte, Francesco Castellano, poco antes de que los jueces se retiraran a deliberar.
La audiencia pública duró pocos minutos debido a que la fiscal, Ilda Bocassini, no quiso tomar la palabra. Boccassini pidió a inicios de noviembre una condena a ocho años de cárcel y la prohibición de ejercer cargos públicos para Berlusconi.
Berlusconi es acusado de sobornar a un grupo de magistrados romanos para obtener sentencias favorables para a la compra en los años 80 del grupo alimentario semi-público SME, adquirido en un primer momento por el industrial Carlo De Benedetti.
Para los especialistas, el jefe de Gobierno italiano podría ser condenado, absuelto o condenado por un delito prescrito, lo que en este último caso imlicaría una sanción moral sin consecuencias judiciales.
El presunto delito de soborno fue cometido por Berlusconi antes de 1991, por lo que prescribió, según las leyes italianas.
Para los abogados de Berlusconi, su cliente no cometió el delito y los hechos que le atribuyen "no existieron", por lo que piden una absolución plena.
En su alegato, el abogado del acusado, Gaetano Pecorella, advirtió a los jueces que la sentencia que están por fallar "puede cambiar la historia del país e influir sobre su imagen internacional".
Por su parte, Berlusconi adelantó que en caso de condena en primera instancia no renunciará a su cargo y que empleará todos los recursos necesarios para demostrar su inocencia.
El presunto delito de soborno a jueces fue cometido cuando el acusado se dedicaba únicamente a los negocios.
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