Dos de los supuestos proetarras llevados a juicio en España se saludan poco antes de la apertura de las audiencias. Según analistas, se trata de un proceso histórico para liquidar "el estómago, el corazón y la cabeza" de ETA.
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El fiscal pide para los acusados penas que oscilan entre los 10 y los 51 años de prisión, por delitos que van desde la integración en organización terrorista hasta el falseamiento de la contabilidad de registros fiscales.
El proceso responde a las investigaciones sobre varias organizaciones supuestamente relacionadas con la banda terrorista que concluyó el juez español
Entre las organizaciones investigadas, cuyos miembros se sientan en el banquillo, figuran la independentista Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS), presunto aparato político de ETA y su sucesora tras ser ilegalizada y que responde a las iniciales de EKIN. También fueron procesados miembros de XAKI, considerado el aparato de relaciones exteriores de ETA, y de varias empresas editoriales y medios de comunicación vascos, como el diario «Egin», que presuntamente han actuado como soporte ideológico de los terroristas.
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