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Con el país todavía sacudido por los errores de evaluación de datos de inteligencia que precedieron a los atentados -que dejaron unos 3.000 muertos- y atemorizado por lo sorpresivo de los ataques, Bush apostó a la experiencia del ex secretario de Estado para llevar adelante la pesquisa.
«No tenemos restricciones y no aceptaré restricciones» para investigar, advirtió Kissinger, sobre quien pesan duras críticas por su posición frente a la guerra en Vietnam y haber apoyado los regímenes militares que gobernaron los países de América latina en los '70 y '80.
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Las acusaciones de que personalidades sauditas -entre ellas una princesa de la familia real- pudieron haber donado dinero que acabó en manos terroristas, han causado una tormenta política en Washington y provocado que la Casa Blanca -de manera inédita- presione a Arabia Saudita para que frene de forma efectiva la financiación de Al-Qaeda.
«Esta comisión -dijo Bush- nos ayudará a mí y a los futuros presidentes a entender los métodos de los enemigos de EE.UU. y la naturaleza de las amenazas que enfrentamos.»
Kissinger quedó al frente de una comisión bipartidaria -es decir, que reunirá a republicanos y demócratas- que contará con dieciocho meses para revisar las cuestiones de seguridad aérea, control fronterizo y recopilación de inteligencia que puedan estar relacionadas con los atentados.
De todas maneras, Bush ya dejó en claro que está impaciente por conocer los resultados de la investigación. «Cuanto antes tengamos las conclusiones de la comisión, más rápido este gobierno podrá actuar sobre ellos», dijo.
Sin embargo, al mismo tiempo el presidente estableció en su discurso en el salón Roosevelt de la Casa Blanca -adonde llegaron legisladores y familiares de las víctimas de los atentados- cuáles son sus prioridades para la pesquisa.
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