Unas 60 organizaciones participan del «civilazo» pero los propios dirigentes de la movilización denotaron falta de coordinación y, en algunos casos, hasta intereses disímiles y principios de acuerdo por separado con las autoridades del gobierno. Básicamente, el sector productivo reclama una ley para el desarrollo del país, la revisión del proyecto de ley de «transición económica» que estudia el Congreso, una rebaja en el precio del gasoil y también de la tarifa del agua, que aumentaron recientemente.
Las autoridades del gobierno, comenzando por el presidente González Macchi, defienden con vehemencia el proyecto de ley de «transición económica» ante la necesidad de reducir el pronunciado déficit fiscal.
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