El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, presentó ante la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma constitucional que busca ampliar el periodo presidencial de seis a siete años "renovables" e inhabilitar a la oposición en los comicios. Con esta medida, procesada por un Parlamento bajo control oficialista que prevé aprobarla en septiembre, el régimen apunta a dejar fuera de la contienda electoral a adversarios tachados de "vendepatrias" y "golpistas" al servicio de Estados Unidos.
Según argumentó el presidente del Congreso, Gustavo Porras, al leer la introducción del proyecto que aún no se difundió completo, "Nuestro sistema de Estado y gobierno de pueblo presidente propone ordenarse con periodo efectivo de siete años renovables", añadiendo que dicha extensión "asegura estabilidad en visión, operatividad y continuidad, haciendo frente con toda energía y claridad a las urgencias". Por su parte, la copresidenta Rosario Murillo sostuvo que el texto fue compartido con el cuerpo diplomático y será sometido a consultas antes de su aprobación.
Daniel Ortega propuso reformar la Constitución de Nicaragua para extender el mandato presidencial a siete años renovables.
Rechazo de la oposición y condena internacional a la reforma en Nicaragua
La iniciativa provocó una dura reacción de opositores en el exilio, quienes denuncian que la medida entierra las garantías democráticas. La excomandante guerrillera y expresa política Dora María Téllez afirmó en X que la reforma "pretende perpetuar la tiranía. Los períodos serán 'renovables'. Claro no hay reelección, porque no habrá elección".
En esa misma línea, el abogado Yader Morazán advirtió que la pareja presidencial busca garantizarse "el poder vitalicio, sin límite real, sin alternancia y sin elecciones competitivas", mientras que la jurista María Asunción Moreno señaló que con los cambios "se podría extender el periodo actual hasta el 2028, para luego renovar los 7 años, sin elecciones libres", al tiempo que la Gran Confederación Opositora Nicaragüense tildó el anuncio de "descaro total de la dictadura sandinista Murillo-Ortega el anuncio de recetarse siete años y más en el poder".
El ajuste se suma a la modificación de 2024 que ya había estirado el mandato de cinco a seis años, instaurado la copresidencia de Murillo y postergado los comicios para noviembre de 2027.
La maniobra del líder de 80 años y su esposa de 75, en el poder continuo desde 2007 tras su primer periodo en los ochenta, desató el rechazo internacional: Estados Unidos advirtió que no se quedará de "brazos cruzados" frente a la "dictadura", la Unión Europea exigió elecciones "de conformidad con las normas internacionales" y el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció el rompimiento de relaciones bilaterales tras asumir el 7 de agosto, contrastando con la postura de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien recordó que "cada país tiene su autodeterminación y decide cómo se organiza".
