París (EFE, AFP, ANSA, Reuters) - La Asamblea Nacional francesa empezó ayer a debatir un proyecto que regula la inmigración de manera más rígida, rechazado por numerosas entidades sociales y que obliga a los partidos a pronunciarse sobre un asunto sensible, cuando sólo falta un año para los comicios presidenciales.
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El ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, fue quien presentó el contenido de la ley -conocida como de «inmigración selectiva»- en un acto que le sitúa de nuevo en el primer plano de la actualidad política. Ello ocurría en la misma jornada en la que su rival político, el primer ministro Dominique de Villepin, afrontaba un duro debate en el Parlamento por su presunto papel a la hora de instigar una falsa acusación judicial contra Sarkozy, que ha negado.
La discusión de la ley sobre la inmigración adquiere un tinte electoral y el propio titular de Interior, candidato no confesado a la presidencia, ha hecho bandera de esa norma y de otra que se tramitará en las próximas semanas, centrada en la lucha contra la delincuencia.
Sarkozy es objeto de críticas por parte de la oposición por una estrategia basada en reforzar la seguridad e incluso en días pasados recuperó un antiguo lema del ultraderechista Frente Nacional al defender su proyecto de ley sobre la inmigración: «O amás a Francia o la abandonás».
Consciente del impacto popular del tema de la inmigración, Sarkozy presentó ayer una norma que obligará a los inmigrantes a firmar un «Contrato de acogida e integración» por el cual se comprometerán a aprender francés y respetar las «leyes y valores» del país.
El proyecto, que también prevé seleccionar entre distintos tipos de inmigrantes, combate los llamados «matrimonios de connivencia», al no otorgar automáticamente el permiso de residencia al inmigrante casado con un nacional francés, que tendrá que justificar al menos cuatro años de vida en común para acceder a la nacionalidad.
La norma dificulta el reagrupamiento familiar, al exigir que el inmigrante que quiera traer a los suyos lo podrá hacer sólo transcurridos dieciocho meses de residencia legal en el país y siempre que justifique ingresos y alojamiento adecuados para mantenerlos. Asimismo, deroga la regularización automática de un extranjero cuando haya estado diez años de inmigrante ilegal, lo que para el ministro es un «premio a la clandestinidad».
El líder del partido centrista UDF, François Bayrou, dijo que no votará esta ley « publicitaria», mientras la diputada y ex ministra socialista Martine Aubry se mostró a favor de una «fuerte regularización de los 'sin papeles'» y una «verdadera» política de inserción.
Frente a las críticas, Sarkozy reclamó que «Francia tiene derecho a elegir a quienes puedenestar en su territorio» y resumió el contenido de su proyecto en la idea de que la inmigración «debe ser escogida y no sufrida».
Tras rechazar cualquier atisbo de racismo en su norma, Sarkozy afirmó que está abierto a aceptar algunas de las más de cuatrocientas enmiendas presentadas al texto. Asimismo, subrayó que el país facilitará la acogida de estudiantes de alto nivel, científicos, intelectuales, artistas y deportistas y cuantificará cada año una estimación de los empleos que prevé que hará falta cubrir con mano de obra extranjera en ámbitos como la hostelería y la construcción.
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