Decretos pro lobby, último regalo envenenado de Bush

George W. Bush

En EE.UU., las llaman reglamentaciones de medianoche ('midnight regulations' o MR). Son las normas administrativas de último momento que la presidencia saliente deja, a modo de presente griego, a la entrante. Cobran vigencia a los 60 días de publicadas en el Registro Federal y su modificación (no pueden anularse sino que deben ser reemplazadas por otras) implica un trámite engorroso y hasta imposible. Hoy, a exactos 60 días de que Barack Obama asuma como presidente de los EE.UU., se calcula que el bushismo le deja endosadas más de 130 MR.

La mayoría de ellas flexibilizan los controles para la preservación del medio ambiente y entregan tierras fiscales para la explotación de hidrocarburos. Y benefician a sectores de lo más variopintos,según se puede colegir de los lobbystas registrados en Capitol Hill durante noviembre: desde fabricantes de químicos y pescadores de vieiras, hasta compañías que proveen aparatos de diálisis.

Estas MR no se diferencian demasiado, en cuanto a la cantidad de disgustos que suelen deparar, de las leyes «ómnibus-» que el Congreso argentinovota, también entre gallos y medianoches, cuando al almanaque le quedan pocas hojas y nuestros parlamentarios sucumben ante los apremiantes cantos de sirena que anuncian el receso estival. Con la diferencia, claro, que EE.UU. es un país más prolijo incluso a la hora de las desprolijidades-Es que las apresuradas 'midnight regulations' tienen sus propias reglas. Las presenta el Departamento de Administración y Presupuesto ( Office of Management and Budget o la OMB) y son siempre el resultado del arduo trabajo de lobbystas contratados por los intereses industriales. Si las nuevas MR implican un costo económico superior a los u$s 100 millones, tienen que ser aprobadas por el Congreso. Si no, son apenas un trámite administrativo, que puede ser anulado durante los 60 días previos a que entre en vigencia mediante una simple firma presidencial.
«Son algo corriente durante los últimos días de una administración, y más cuando el Congreso es dominado por el partido opositor, como ahora», dice a este diario desde Washington, Gabriel Sánchez Zinny, vicepresidente de la consultora Dutko Worlwide y alguien que recorre a diario los pasillos del Capitolio. «El problema con la administración Bush es que algunas de estas MR dejan como funcionarios estables a muchos contratados (political apointees), y varias otras demorarían el acceso a la información y medidas del gobierno», concluye este consultor.

Protestas

Varias ONG ya pusieron el grito en el cielo. Como ProPublica.com y OMBWatch.com, que llevan un control on line de las MR presentadas. Estas organizaciones ponen en tela de juicio la conveniencia de varias MR, como la que otorga permisos para la explotación de uranio en la zona del Gran Cañón del Colorado, o la que dejaría recorrer con armas cargadas los Parques Nacionales, o la que ya habilitó 800.000 hectáreas fiscales en las Montañas Rocosas para la explotación petrolífera, o la que permitiría a los empleados de Fondos de Inversión y de mutuales, asesorar a los propios inversores.

En los corrillos de Washington se comenta que hoy, el último día para presentar una MR que entre en vigencia antes de que asuma Obama, Bush estaría avalando diez controvertidas normas que beneficiarían a compañías mineras y aserraderos en detrimento de la protección ambiental.

Si quisiera vetar alguna de ellas después de asumir el 20 de enero, a Obama le quedaría sólo un as en la manga: el Acta de Revisión Parlamentaria (Congressional Review Act). Es una ley clintoniana de 1996, que fue utilizada por única vez en 2001 por Bush para revertir una complicadísima regulación laboral. Es, además, la vía de escape que comenzó a mencionarse esta semana después de que trascendiera el calibre de las 130 regulaciones que le deja de regalo George W. Bush.